Durham- La Oficina del Alguacil del condado de Durham está honrando las detención hechas a inmigrantes por el Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) de personas que han llegado a esta cárcel por alguna actividad criminal o relacionada con pandillas, según dijo a La Noticia.
“Como alguacil, debo dibujar una línea con la gente que se involucra en crímenes serios o actividad criminal de pandillas, particularmente, en individuos con un largo historial criminal”, mencionó el alguacil Mike Andrews. “Ellos representan un riesgo para los demás y es mi deber usar todas las opciones disponibles por la Oficina del Alguacil para mantener a todas las personas que viven en Durham seguras”, indicó.
En el 2016 esta entidad honró 49 detenciones de inmigración. La mayoría de los detenidos, indicaron, fueron arrestados por otras agencias de la ley. Sin embargo no entregaron un desglose acerca de los cargos que recibieron estos inmigrantes.
El alguacil Andrews también aclaró que pese a ello su “oficina no participa en el programa 287(g), ni busca de otra manera hacer cumplir de manera independiente las leyes de inmigración”.
Durante varios meses esta oficina ha sido fuertemente criticada por grupos proinmigrantes que lo acusan de honrar estas detenciones del ICE cuando no está obligado a hacerlo. Al preguntar a la Oficina del Alguacil que los obligaba hacerlo no obtuvimos respuesta.
Ley estatal y federal
De acuerdo con el abogado Raúl Pinto del Centro de Justicia de Carolina del Norte, en varias ocasiones jueces en otros distritos del país han determinado que no es obligatorio honrar las detenciones del ICE.
Pinto indicó que se necesita una “causa probable” y no solo una “sospecha razonable” para acatar la orden. “El estar indocumentado no es un crimen, entonces no es un causa probable sino que es algo de carácter civil”, explicó.
En el 2015 en Carolina del Norte fue aprobada la ley HB 318 que entre otras cosas, prohíbe las llamadas “ciudades santuario”. Una norma que, según Pinto, pudiese entrar en conflicto con la ley federal. Bajo la HB 318, los gobiernos locales, municipales, ciudades o pueblos y condados no pueden emitir ordenanzas que impidan o limiten a las agencias del orden en su discreción de investigar el estatus migratorio de las personas o compartir esa información con el gobierno federal. Sin embargo hay ambigüedad. “No es una ley clara. Puede entrar en conflicto con la ley federal. No hay un respuesta 100% y por ende hay varias avenidas legales sobre este tema”, señaló.
En el Triángulo el alguacil del condado de Wake es el único que desde el 2008 tiene un contrato de entendimiento con el ICE para el funcionamiento del programa 287(g). Un programa que permite identificar a los indocumentados que llegan a la cárcel de este condado y comenzar su proceso de deportación.