Raleigh- Si la Casa Blanca impone una nueva regla federal que nombra el uso de algunos beneficios públicos en “un factor negativo” para los inmigrantes que soliciten la residencia o alguna visa permanente, al menos 219,000 niños ciudadanos americanos con Medicaid o CHIP, hijos de padres inmigrantes, resultarían afectados, advirtió el Centro de Justicia de Carolina del Norte.
Hace un mes la administración del presidente Donald Trump envió a la Oficina de Administración y Presupuesto esta regla que además de catalogar a estos niños como “cargas públicas”, también contemplaría como “un factor negativo” cualquier beneficio público que usen los menores ciudadanos americanos hijos de inmigrantes.
Si una regla de este tipo llega a ser implementada, el efecto inmediato se vería en los niños, ya que si sus padres tienen posibilidades inmediatas o futuras de solicitar la residencia legal, probablemente dejen de solicitar el seguro médico, las estampillas de alimentos o incluso el WIC a fin de no verse perjudicados, explicó Kate Wommer-Deters, abogada del Proyecto de Justicia para Inmigrantes del Centro de Justicia de Carolina del Norte.
“Lo terrible es que es su derecho como ciudadanos americanos. Ponerlos en riesgo no tiene ningún sentido”, señaló Woomer-Deters.
Preparan acciones
El documento fue filtrado por el portal de noticias VOX, y el Centro de Justicia de Carolina del Norte busca que la comunidad esté preparada para hacer sus comentarios e impedir que se implemente cuando se publique en el Registro Federal.
“La regla aún no se ha publicado, ni nada ha cambiado por el momento”, recalcó Wommer-Deters. “Queremos ser proactivos porque la administración ya dio el primer paso que es mandarla para revisión a la Oficina de Administración y Presupuesto”, indicó.
La abogada explicó que tan pronto la regla sea publicada el público tiene 60 días para hacer sus comentarios. “Vamos a tener unos modelos que compartiremos con la comunidad. Estarán en inglés. También explicaremos dónde podrán hacer sus sugerencias si quieren hacerlo por su cuenta”, indicó.
La abogada mencionó que al pasar los 60 días, el gobierno debe leer los comentarios y hacer ajustes o cambios a la regla, por eso es fundamental la participación de la comunidad.
“Es importante que comenten sobre cómo esto afectará negativamente la vida de los niños, su salud, su desarrollo o su educación”, recomendó.
Finalmente la abogada aclaró que de entrar en efecto esta regla, afectaría a los inmigrantes si los servicios públicos son solicitados después de que la regla entre en vigencia.
Para compartir su historia
Contacte a la abogada Kate Wommer-Deters del Centro de Justicia de Carolina del Norte al 919-861-2072 o por correo electrónico a: kate@ncjustice.org