Un tribunal federal en San Francisco bloqueó temporalmente el 29 de septiembre a la administración Trump para que no ejecute un plan para subir tarifas de trámites migratorios como la ciudadanía; lo cual estaba previsto que ocurriría el viernes 2 de octubre.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) anunció el 31 de julio una regla final, que buscaba subir los precios de las tarifas de ciertas peticiones de beneficios de trámites migratorios y ciudadanía.
El plan para subir tarifas de trámites migratorios
Al costo para solicitar la ciudadanía estadounidense por naturalización, pasó de $640 a $1,160. Esto representa $520 extra o un incremento del 81 %.
El permiso de trabajo (Formulario I-765, Solicitud de Autorización de Empleo) pasaba de $410 a $550, un aumento del 34 %. La residencia legal por matrimonio hubiese pasado de $595, a $760; además por primera vez Estados Unidos hubiese cobrado una tarifa de $50 para presentar una solicitud de asilo.
Igualmente la mayoría de las exenciones de tarifas para inmigrantes de bajos ingresos se habrían eliminado con los cambios.
Un grupo de organizaciones de defensa de los inmigrantes presentó una demanda para detener los cambios en las tarifas.
Celebran orden judicial
El juez federal de distrito Jeffrey S. White del Distrito Norte de California emitió una orden judicial preliminar en todo el país, dictaminando que permitir que el plan para subir las tarifas de los trámites migratorios siga adelante, mientras continúa la demanda; dañaría irreparablemente a los inmigrantes, quienes no podían pagar las nuevas tarifas.
“Estamos agradecidos de que la corte interviniera y rechazara el intento de esta administración de poner una prueba de riqueza a la ciudadanía, el asilo y otros innumerables beneficios de inmigración”, dijo Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos (CHIRLA), miembro de la Junta Directiva de NPNA y demandante.
“La orden judicial preliminar muestra que los aumentos de tarifas propuestos por el USCIS no solo son perjudiciales para nuestras comunidades, sino que son ilegales”, dijo Nicole Melaku, directora ejecutiva de NPNA.
“El USCIS debe cambiar de dirección y trabajar para expandir el acceso a la ciudadanía; reducir los retrasos y orientarse como una agencia de servicio al cliente que adjudica las solicitudes; no como una agencia policial que lleva a cabo la agenda excluyente y supremacista blanca del presidente”, agregó Melaku.