Este jueves, el Departamento de Justicia demandó a Texas, argumentando que su ley SB8, que prohíbe la mayoría de los abortos en el estado, es anticonstitucional.
Y es que el caso de Texas representa un temor latente para las autoridades, que temen que otros estados promulguen leyes estatales sobre las federales. Los tribunales han tomado cartas en el asunto y las han prohibido.
Merrick Garland prometió que el Departamento de Justicia intervendría para hacer cumplir una ley federal conocida como Ley de Libertad de Acceso a las Entradas de las Clínicas.
La Ley FACE prohíbe impedir físicamente el acceso a clínicas de aborto mediante el bloqueo de las entradas o con amenazas de usar la fuerza para intimidar o interferir con alguien. También prohíbe dañar la propiedad de clínicas de abortos y centros de salud reproductiva.
La demanda de este jueves pretende que se emita una medida inmediata para prohibir que se implemente la ley SB8 en Texas. Bajo la ley, alguien podría presentar una demanda, incluso si no tiene una relación con la mujer que busca abortar, y podría tener derecho a recibir hasta $10,000 en daños y prejuicios si gana el caso en la corte.
“La ley delega a todos los ciudadanos, sin que tengan que mostrar que tienen una conexión personal o que sufrieron un perjuicio, para que funjan como cazadores de recompensas autorizados para recuperar al menos 10.000 dólares por demandar a los individuos que ayuden a una mujer a ejercer sus derechos constitucionales”, señaló Garland.
"La intención obvia y expresamente reconocida de este plan legal es impedir que las mujeres ejerzan sus derechos constitucionales al impedir la revisión judicial”, agregó.