Las consecuencias económicas desfavorables de la pandemia del nuevo coronavirus (COVID-19) son evidentes, pero según activistas, la crisis es mayor en las comunidades más desprotegidas de la sociedad, como los inmigrantes.
En este contexto más de 150 organizaciones urgen al Congreso a proteger a los inmigrantes durante esta situación, encabezadas por la red Alianza Américas.
Mientras que el gobierno federal continúa excluyendo a los inmigrantes de numerosas maneras del ayuda de emergencia del COVID-19, Alianza Américas y otras 100 organizaciones exhortan a los miembros del Congreso a extender recursos vitales de salud y ayuda a los inmigrantes, muchos de los cuales realizan trabajos esenciales y sienten aún más las repercusiones económicas negativas de la pandemia
, dijo la entidad en la carta.
El pedido
El grupo envió la carta a miembros clave del Congreso federal el , en donde expresaron su preocupación por los inmigrantes excluidos del alivio económico bipartidario recientemente lanzado.
Entre ellas se mencionan a las 300,000 personas con Estatus de Protección Temporal (TPS) y sus más de 250,000 hijos nacidos en Estados Unidos. También se vela por los 700,000 beneficiarios de la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), y los casi 11 millones de inmigrantes indocumentados.
Los pedidos puntuales a los congresistas son:
- Aumentar el acceso a la salud pública para las comunidades inmigrantes,
- No desembolsar fondos adicionales para detener inmigrantes o reforzar el Servicio Control de Inmigración y Aduanas (ICE),
- Liberar a todos los inmigrantes apresados por el ICE que estén en riesgo de contraer el virus, y
- Asegurar la inmediata suspensión de las deportaciones.
Aporte de los inmigrantes
Según Alianza Américas estas personas trabajan en sectores críticos como granjas, supermercados, hospitales, la construcción, mantenimiento, entre otros.
Ellos permiten que nuestra economía se mueva y, sin embargo, no son protegidos o ayudados durante esta epidemia sin precedentes
, agrega la entidad.
Si se excluyera a los beneficiarios de TPS del mercado laboral, el Centro para el Progreso Americano estima que esto tendría un costo para los contribuyentes más de 3,000 millones.
También estiman que eliminar a estas personas de la fuerza laboral daría como resultado una pérdida de más de 45,000 millones del Producto Interno Bruto (PIB) durante una década y 6,900 millones en contribuciones perdidas en Seguridad Social y Medicare.
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