Dos proyectos de ley avanzan en la Asamblea Legislativa de Carolina del Norte. Uno busca incrementar la cooperación entre agencias locales con agentes de ICE. Mientras que el segundo quiere restringir el acceso a programas y beneficios a los inmigrantes indocumentados.
Aprueban ley antiinmigrante
El 29 de abril, la Casa de Representantes estatal votó a favor del proyecto HB-318, “The Criminal Illegal Alien Enforcement Act”. Busca más cooperación entre las autoridades locales, principalmente los alguaciles que manejan las cárceles locales, con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Este proyecto de ley amplía las disposiciones de la ley HB-10, aprobada en Carolina del Norte el año anterior.
La legislación fue presentada por cuatro representantes republicanos, entre ellos, el recientemente electo Brian Echevarría, del condado de Cabarrus.
¿Qué propone esta ley antiinmigrante?
- Ampliación de delitos que requieren verificación de estatus migratorio: Cualquier persona detenida por haber cometido un delito grave, un delito menor de clase A1 (como una agresión simple) o conducción bajo los efectos del alcohol o drogas (DWI) debe ser sometida a una verificación de su estatus migratorio.
- Obligación de notificar a ICE: Los administradores de las cárceles deben notificar a ICE cuando una persona esté sujeta a una orden administrativa de inmigración.
- Detención adicional de 48 horas: Una vez recibida la orden de detención y la orden administrativa, la persona puede ser retenida hasta 48 horas adicionales.
- Notificación previa a la liberación: Si ICE no toma custodia dentro de las 48 horas, la cárcel debe notificar a ICE antes de liberarlo.
- Protección legal para las autoridades locales: Las autoridades locales no serán responsables civil o penalmente por acciones tomadas en cumplimiento de estas disposiciones.
- Determinación del estatus migratorio durante la audiencia preliminar: Los funcionarios judiciales deben determinar el estatus migratorio del acusado durante la audiencia de fianza. Si no es posible, ordenar su detención para ICE lo haga.
¿Qué sigue?
Este proyecto debe tener su versión aprobada en el Senado y luego ser enviado a la oficina del gobernador. Pese a que los legisladores republicanos ya no tiene una supermayoría para descartar el veto del gobernador, la ley HB-10 fue apoyada por algunos legisladores demócratas.
La HB-318 fue aprobado por el bloque republicano y además por la Representante demócrata, Carla Cunningham, de Mecklenburg. Las disposiciones de este proyecto de ley entrarían en vigor el 1 de octubre del 2025. Si se aprueba, se aplicarían a personas detenidas o liberadas a partir de esa fecha.
“Este es otro ataque a nuestras comunidades inmigrantes, diseñada para canalizar a más personas hacia el proceso de deportación mientras sobrecarga nuestras cárceles locales”, dijo Stefanía Arteaga, cofundadora de Carolina Migrant Network.
Inmigrantes: Menos acceso a universidades, vivienda y salud
El proyecto de ley HB-690, “The Citizens Support Act”, busca restringir el acceso a beneficios financiados por el Estado a inmigrantes indocumentados. A continuación, se presentan los puntos más destacados de esta propuesta:
- Restricción de beneficios estatales a inmigrantes: La ley pide al Departamento de Salud y Servicios Humanos (DHHS) debe dejar de dar beneficios estatales a indocumentados.
- Plan de verificación de elegibilidad: El DHHS y el Departamento de Comercio deben desarrollar e implementar un plan para revisar y actualizar los criterios de elegibilidad de todos los beneficios estatales, asegurando que los indocumentados no sean inelegibles.
- Definición de beneficios estatales: Se enumeran 15 programas administrados por el DHHS que se consideran beneficios estatales, excluyendo aquellos destinados a proporcionar alimentos o comidas.
- Restricción de beneficios de vivienda: El Departamento de Comercio, la Agencia de Financiamiento de Vivienda y las autoridades locales de vivienda deben parar de dar beneficios de vivienda financiados públicamente a indocumentados.
- Verificación en universidades: Las universidades e institutos universitarios que reciben fondos estatales deben implementar una política para verificar que todos los solicitantes estén legalmente autorizados a residir en Estados Unidos.
- Verificación para beneficios de desempleo: La División de Seguridad de Empleo del Departamento de Comercio debe implementar una política para verificar que todos los solicitantes de beneficios de desempleo estén legalmente autorizados a residir en el país antes del primer pago, pese a que los indocumentados por ley no pueden acceder a estos beneficios.
Este proyecto fue aprobado el 29 de abril por un subcomité en la Casa de Representantes de Carolina del Norte, y será enviado a la Comisión de referencia sobre el gobierno estatal y local.