El proyecto de ley HB-10, considerado antiinmigrante, fue aprobada en el Comité Senatorial de Reglas y Operaciones de Carolina del Norte la tarde de este miércoles y las organizaciones civiles, así como los especialistas señalan que será remitido al Senado, donde podría ser aprobado en las próximas horas.
En los últimos dos días, el proyecto de ley fue discutido en dos comités, el martes en el de Asuntos Judiciales y este miércoles en el de Reglas y Operaciones, donde organizaciones como El Pueblo y El Centro Hispano acudieron no solo para manifestar su rechazo, sino para charlar con los representes e invitarlos a votar en contra del proyecto o al menos a mantener el veto del gobernador Roy Cooper.
¿Qué sigue para el proyecto de ley HB-10?
Mario Alfaro, Policy Manager de El Pueblo y la Alianza por los Derechos de los Inmigrantes de Carolina del Norte, señala que, con el aval de los dos comités el proyecto pasará al piso del Senado, donde el pleno de la cámara alta votará, y prevén que será aprobado.
Alfaro señala que, al haber hecho modificaciones al texto, la versión que apruebe el Senado tendrá que regresar a la cámara de Representantes para que se apruebe un solo texto y, de ser aprobado, el proyecto pasaría al escritorio del gobernador Roy Cooper, quien tendría 10 días para firmarlo y que se convierta en ley, vetarlo (haciendo que regrese a la asamblea general) o dejando que se convierta en ley de manera automática.
Tenemos muchísimas preocupaciones sobre esta iniciativa (...) Pretende obligar a los alguaciles y funcionarios encargados de administrar las cárceles de Carolina del Norte a trabajar, colaborar con las autoridades de inmigración federales, es decir con ICE. Cuando una persona sea detenida por un delito grave y no esté en capacidad de demostrar su estatus migratorio legal, las autoridades van a dar parte a ICE, van a retener a estas personas en celdas, hasta por 48 horas y van a ocurrir procesos de deportación, familias separadas",
advierte Alfaro sobre las consecuencias de este proyecto.
Alfaro, así como las organizaciones estatales prevén que este proyecto de ley no solo aplique para delitos graves, sino que se abra la posibilidad de que se realicen detenciones arbitrarias, llevando a la separación de familias inmigrantes indocumentadas, quienes finalmente decidirán mudarse de estado y ello se verá reflejado económicamente a nivel estatal.
De acuerdo con un reporte de American Inmigration Council del 2023, la población inmigrante de Carolina del Norte paga cada año $8,400 millones en impuestos y se estima que el sector indocumentado paga $772.5 millones cada año.
"Mientras que el Departamento de Comercio de Carolina del Norte indica que 10.9 % de la fuerza laboral en el estado es inmigrante. En el sector de la construcción, un 29 % de todos los trabajadores son inmigrantes y algo similar ocurre en el agro, donde la cifra alcanza un 23.3 %",
señaló El Pueblo en un comunicado.
De ser vetado por el gobernador Roy Cooper, el proyecto regresaría a la asamblea general, sin embargo, al tener una supermayoría en ambas cámaras, los republicanos podrían levantar el veto.
Es muy probable que eso ocurra en esta oportunidad",
advierte Mario Alfaro.
Por su parte, El Centro Hispano ha advertido que la salud mental de los hijos de inmigrantes indocumentados "la gran mayoría de los cuales nacieron en Estados Unidos" se verá afectada al no saber si sus padres serán deportados en algún momento.
Inmigrantes se oponen en la Asamblea Legislativa ante la HB-10
De acuerdo con El Pueblo, más de 100 personas inmigrantes llegaron este miércoles a la Asamblea Legislativa de Carolina dl Norte para pronunciarse en contra de la propuesta HB-10.
"Bajo el lema 'todos somos North Carolina', adultos y jóvenes, en su mayoría latinos, participaron en una movilización y cabildeo",
señaló El Pueblo en un comunicado.
De acuerdo con El Pueblo, miembros de la comunidad inmigrante visitaron 40 oficinas de representantes en la Cámara de Representantes y 25 oficinas del Senado para entregarles información sobre las contribuciones de los inmigrantes en Carolina del Norte y pedirles que se opongan al proyecto HB-10.