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Un gavel enfrente de una bandera estadounidense.

Por orden del Fiscal General Jeff Sessions, a partir del todos los jueces de inmigración deberán cumplir con cuotas de finalización de casos para medir su desempeño. La medida obliga a los jueces de inmigración a dar solución a un mínimo de 700 casos anualmente, si no lo hacen deberán someterse a un proceso disciplinario. Analistas temen que ahora los casos migratorios sean analizados al apuro.

Para la Asociación Nacional de Jueces de Inmigración (NAIJ) con esta norma los jueces se verán obligados a apresurarse en casos que afectarán la vida de una familia para siempre.

Según Ashley Tabaddo, presidenta de NAIJ los jueces de nuestra nación entran a una nueva y oscura era. Este es un acto sin precedentes que compromete la integridad de las cortes y socava la independencia en la decisión de nuestros jueces de inmigración, todo en nombre de abordar la acumulación de 750,000 casos pendientes, que continúan creciendo con cada acción de esta administración.

En Carolina del Norte

El número de casos pendientes en la Corte de Inmigración que cubre las Carolinas se triplicó, según el Centro de Información de Acceso a Registros Transaccionales (TRAC) de la Universidad de Syracuse de Nueva York.

En el año fiscal 2015 el número de casos en esta corte, ubicada en Charlotte, era de 5,279. A julio del 2018 el número total de casos fue de 15,517, lo que significó un incremento de 294 %. De estos, 15,116 (97.5 %) eran de personas con casos migratorios y solo 59 tenían cargos criminales.

Periodista, editor, asesor, y presentador. De 2016 a 2019 el periodista más galardonado en Estados Unidos por los Premios José Martí. Autor del best seller: ¿Cómo leer a las personas? dbarahona@lanoticia.com