Con varias acciones ejecutivas en su primera semana de gobierno, el presidente Donald Trump logró exitosamente sembrar temor en once millones de indocumentados, poner en peligro la estadía de medio millón de residentes legales de Estados Unidos, distanciarse de varios países de Medio Oriente, y dañar las relaciones con México. Es imperativo que todos quienes creemos en los ideales sobre los cuales se fundó este país, en la unidad de las familias trabajadoras y en la vigencia de los derechos humanos hagamos algo más allá de solamente protestar.
Las acciones ejecutivas de Trump, entre otras cosas, amplían las prioridades de deportación contra inmigrantes acusados (no condenados) de algún delito. No nos oponemos a la deportación de quienes hayan cometido crímenes, de hecho creemos necesario que eso se haga en beneficio de todos. Lo que nunca aceptaremos es que se deporte a una persona solamente porque está acusada (no condenada) de un delito. La Declaración Universal de los Derechos Humanos establece que “toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad”. Esta orden ejecutiva es un atropello al derecho internacional.
Adicionalmente entre las acciones ejecutivas Trump prioriza la expulsión de inmigrantes con órdenes de deportación, ignorando claramente que una orden de deportación puede ser apelada. No se puede negar a los inmigrantes el debido proceso judicial.
En el año 2015 el gobernador de Carolina del Norte (el republicano Pat McCrory) demandó las acciones ejecutivas de Barack Obama en la corte, diciendo que el presidente debía hacer cambios en el sistema migratorio trabajando con el Congreso y no vía acciones ejecutivas. Hoy debemos presionar al gobernador Roy Cooper, para que de la misma manera, junto con otros gobernadores, demanden legalmente el arbitrario uso del poder de Trump.
Otro grave problema que generará la orden ejecutiva es el restablecimiento en todo el país del altamente criticado programa 287(g) y del extinto programa “Comunidades Seguras”, los cuales dan poderes migratorios a las autoridades locales, identifican a los indocumentados que lleguen a las cárceles por cualquier motivo (aun por faltas de tránsito) y los envía eventualmente a línea de deportación. Adicionalmente amenaza con cortar los fondos federales a las ciudades que se nieguen a cooperar con Inmigración.
Los inmigrantes en Carolina del Norte contribuyen con más de $5,000 millones en impuestos al año y constituyen un aporte “crítico” a la economía estatal, según un informe de la Sociedad para una Nueva Economía Americana (PNAE). El documento señala que solamente los indocumentados acumularon más de $4,000 millones en ingresos en el año 2014 en el estado, generando millones de dólares en impuestos locales y federales. ¿Seguiremos callados sin exigir nada a las autoridades?
Debemos trabajar con las ciudades y los condados, con los departamentos de policía y alguaciles, no le conviene a nadie que exista desconfianza entre la comunidad y las autoridades, los únicos beneficiaros de esta separación son los delincuentes.
Muchos alcaldes valientes a lo largo de nación han levantado su voz frente a estos atropellos contra los inmigrantes. No es cuestión de agallas, es cuestión de ética. No es cuestión de cálculo político, es cuestión de hacer lo correcto. ¿Estarán nuestros alcaldes en Carolina del Norte a la altura del liderazgo que nuestras comunidades necesitan? No necesitamos aliados en secreto, sino a la luz pública.
Nuestra comunidad inmigrante igualmente debe hacer su parte, debemos ser ciudadanos ejemplares, debemos demostrar con nuestras acciones y nuestro trabajo que los inmigrantes hacemos grande a esta nación.