El proyecto de ley HB-10, que busca que los alguaciles de Carolina del Norte cumplan con las solicitudes de detención del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), vuelve a estar en el ojo de la opinión pública. El motivo: en abril se retomarán las funciones en la Asamblea General y organizaciones latinas alertan que esta podría ser una prioridad.
“Como el proyecto superó el ‘crossover’, es decir, fue aprobado por una de las cámaras... Líderes en la Cámara de Representante, encabezados por Tim Moore, quien ahora está corriendo para ser representante estatal en Washington DC, están impulsando que el proyecto sea conocido en la sesión corta, es decir, que lo apruebe el Senado estatal”, dijo Mario Alfaro, de la organización El Centro Hispano.
Por varios días La Noticia trató de comunicarse con los legisladores republicanos que presentaron el proyecto de ley, para conocer su punto de vista, pero nuestras solicitudes fueron ignoradas.
¿Qué es la Ley HB-10? Puntos clave de esta propuesta migratoria
El proyecto de la ley HB-10 propone exigir a los administradores o responsables de las cárceles de Carolina del Norte (tanto del condado, como los centros de confinamiento local distrital u otras unidades de libertad condicional) trabajar con ICE cuando se detenga a personas acusadas de cometer delitos como:
- Homicidio
- Violación y otros delitos sexuales
- Secuestro y rapto
- Cualquier delito relacionado con drogas
- Trata de personas
- Agresiones (en general)
- Formar parte de una banda criminal y,
- Violación de una orden de protección
Bajo esta propuesta, las personas que sean acusadas de estos delitos y que además no puedan probar su estatus legal en el país, serían retenidas hasta que ser llevadas ante un funcionario judicial estatal, quien les proporciona una orden de detención y una orden administrativa.
Luego de esto, dos cosas podrían ocurrir en el proceso: el acusado queda en un centro de detención de inmigración o, en algunos casos, ICE podría dejar sin efecto esta orden.
“Podrían terminar en un proceso de deportación por error”
Alfaro, quien es el enlace legislativo de El Centro Hispano, asegura que uno de los preceptos del proyecto de ley HB-10 que preocupa a varias organizaciones es: “Se proporciona inmunidad penal y civil total para los agentes del orden público, estatales, locales y las agencias que actúan de conformidad con los estatutos... Esto es un cheque en blanco con el cual se cubren las espaldas”.
Sobre este punto explicó: “Si bien el proyecto especifica cuáles delitos una persona que es detenida y que no logra identificarse o demostrar su estatus legal podría ser puesta a las órdenes de ICE… queda abierto a que una persona que cometa una infracción menor sea detenida y puesta a órdenes de Inmigración. Eso sabemos que va a terminar en un proceso de deportación y como el proyecto exonera de responsabilidad a las autoridades, las personas detenidas podrían terminar en un proceso de deportación por error y por ello, organizaciones de Mecklenburg y del Triángulo advierten que la ley es injusta y terminaría separando familias y violentando derechos constitucionales”.
Una ley de ‘muéstrame tus papeles’
De acuerdo con un análisis elaborado por NC Justice Center y ACLU de Carolina del Norte, otros de los cuestionamientos que se le hace a esta propuesta son:
- La persona no podrá probar su inocencia
ICE generalmente traslada a las personas detenidas en Carolina del Norte a un Centro de Detención de Inmigración de otro estado, lo que limita la posibilidad de que la persona pruebe su inocencia del delito que se le acusó inicialmente ante un tribunal estatal. “ICE retira a la persona de la custodia estatal antes de que se resuelvan los cargos estatales”, advierten.
- No proporciona protección para testigos y víctimas de delitos
“Las investigaciones muestran que cuando la policía y los alguaciles cooperan con los agentes federales de inmigración, desalientan a los inmigrantes, junto con sus hijos ciudadanos estadounidenses, vecinos, compañeros de trabajo y amigos, de denunciar delitos y servir como testigos”, señala.
- Las cárceles asumirán los gastos de hacer el trabajo del gobierno federal
“HB-10 cambia la ley existente de Carolina del Norte N.C.G.S. 162-62 al exigir que las cárceles investiguen el estado migratorio de cada persona… La HB-10 actúa como una ley de ‘muéstrame tus papeles’ y utiliza la aplicación de la ley local como una herramienta para ICE, desperdiciando los recursos locales del condado. ICE ya puede acceder a una base de datos de cualquier persona fichada y con huellas dactilares en las cárceles de Carolina del Norte”, señala Alfaro.
“El panorama es poco esperanzador”
Durante años, legisladores republicanos de Carolina del Norte han presionado para que los alguaciles cumplan con las solicitudes de detención de ICE, las cuales son voluntarias. Advierte, que existe un panorama “poco esperanzador” para este 2024 ante una “supermayoría” republicana en la Asamblea General.
“Este es el tercer intento por aprobar esta legislación. Durante los dos ciclos de sesiones anteriores se aprobó el HB-370 y el SB-101 y en las dos ocasiones fue vetado por el gobernador Roy Copper, pero ahora los republicanos tienen mayoría absoluta, eso significa que no solo controlan ambas cámaras, sino que también tienen los votos necesarios para levantar los vetos de gobernador…. Entonces ese salvavida que tenía la comunidad inmigrante en Carolina del Norte, particularmente la comunidad inmigrante indocumentada, hoy por hoy no lo tiene”, dijo.
Agrego: “Las organizaciones están al tanto de la situación y se están movilizando para hacer actividades como hacer visitas a la Asamblea, conversar con los legisladores, activar campañas digitales y utilizar todas las herramientas posibles para abogar por las comunidades latinas. Lo cierto es que los legisladores ya han aprobado esta ley antes y creo que va a ocurrir exactamente lo mismo, con la agravante de que esta vez no vamos a tener cómo pararla”.