10 trabajadores agrícolas migrantes que demandaron a sus empleadores por trata de personas lograron un acuerdo legal gracias a la asistencia del Centro de Justicia de Carolina del Norte y de Ayuda Legal del estado.
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Las dos organizaciones estuvieron ayudando a los trabajadores desde marzo, demanda a la que luego se sumaron otros 40 migrantes agrícolas.
Los diez trabajadores agrícolas fueron empleados mediante el programa federal de visa H2A.
La demanda se interpuso contra el contratista laboral y los agricultores para quienes trabajaban.
Los migrantes señalaron que que el contratista incitó a los trabajadores a pagar altas tarifas de contratación para la oportunidad de trabajar legalmente en los Estados Unidos para su negocio de contratación de mano de obra agrícola.
Cuando los 10 migrantes llegaron a Carolina del Norte encontraron muy malas condiciones para vivir y trabajar.
La demanda se presentó bajo la Ley de Normas Justas del Trabajo (Fair Labor Standards Act).
Por lo que hubo la oportunidad de que los otros 40 trabajadores en condiciones similares se unieran al caso.
Para contactar a estos últimos se contó con la ayuda del Consulado General de México en Raleigh y la Secretaría de Relaciones Exteriores de México.
Las empresas demandadas eran Cottle Farms, Inc., y Winzeler Farms, LLC., pero con ellas llegaron a acuerdos previos.
El nuevo acuerdo fue con Francisco Valadez, Jr. y su empresa Francisco Valadez, Jr. LLC, y las operaciones agrícolas de Carolina del Norte Goldsboro Milling Co., Inc. (anteriormente Sleepy Creek Farms, Inc.) y GMC Legacy, LLC (anteriormente Goldsboro Milling Co.).
Ellos deben pagar $120,000 a los diez Demandantes nombrados y a los 40 Demandantes optativos por sus alegados salarios no pagados y por daños y perjuicios bajo la Ley de Reautorización de Protección de las Víctimas de la Trata de Personas.
El acuerdo también les obliga pagar los honorarios y costos de los abogados de los demandantes.
De igual forma deben realizar cambios importantes en la forma en que hacen negocios en el futuro.
De acuerdo a la demanda, los demandantes y otros cientos de trabajadores reclutados por la empresa de Valadez llegaron endeudados al estado.
Esto por las tarifas de contratación cobradas ilegalmente, los costos de la visa y los costos que habían incurrido en México.
Las condiciones de vida que los empleadores agrícolas daban a los migrantes
Los migrantes dijeron que tuvieron que vivir varios días en un autobús descompuesto y sucio.
Después incluso les toco dormir al aire libre y a otros en campamentos con colchones sucios, serpientes y sin agua caliente.
Los empleadores acosaban y amenazaban constantemente a los trabajadores para que no se quejaran de las condiciones.
Por eso, la Juez de Distrito Federal, Louise Flanagan, ordenó en el acuerdo que los empleadores agrícolas de Carolina del Norte demandados cumplan con varias disposiciones.
Valadez y su empresa no pueden emplear trabajadores H-2A durante tres años, no pueden poseer ni controlar los pasaportes de ningún trabajador y deben cumplir con los requisitos federales de mantenimiento de registros de nómina.
Las otras empresas deben pagar por adelantado los costos asociados con traer trabajadores H-2A al estado y deben cumplir con los requisitos de informes, nómina y licencias.
Y Goldsboro Milling debe tomar medidas para mejorar la disponibilidad de Wi-Fi en sus campos de trabajo.
Todos los Demandados deben colocar letreros en sus campos de trabajo en español e inglés y letreros adicionales publicados por la Comisión contra la Trata de Personas de Carolina del Norte.