Pese a que el proyecto de ley SB-153, conocido como la Ley para Proteger la Frontera de Carolina del Norte, forma parte de la agenda republicana en el Senado estatal, avanzó en la Asamblea General con apoyo demócrata. Esta ley estatal antiinmigrante busca reforzar la colaboración de agencias locales con autoridades migratorias, eliminar protecciones a inmigrantes y limitar beneficios públicos.
En la sesión del 4 de marzo, se aprobó con una mayoría republicana (30 votos a favor y 13 en contra), y contó con el apoyo de dos demócratas del condado de Wake: Gale Adcock (distrito 16) y Dan Blue (distrito 14).
¿Qué propone la ley estatal antiinmigrante?
La iniciativa pretende que agencias como el Departamento de Seguridad Pública y la Patrulla de Carreteras firmen acuerdos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE). Esto permitiría a oficiales estatales participar en arrestos migratorios y verificar el estatus migratorio de personas bajo custodia.
Además, permitiría a los residentes demandar a gobiernos locales si creen que políticas “santuario” facilitaron delitos cometidos por inmigrantes indocumentados.
Auditoría de beneficios estatales
Otro punto clave del proyecto de ley estatal antiinmigrante es auditar programas sociales como vivienda, cuidado infantil y apoyo a cuidadores. El objetivo es evitar que personas no autorizadas reciban ayudas estatales.
Según los legisladores, esto garantizaría que los recursos públicos solo beneficien a residentes elegibles. Sin embargo, no presentaron evidencia sobre el uso indebido actual de estos programas por inmigrantes.
Preocupación por efectos negativos
Diversas organizaciones han rechazado esta propuesta. El NC Justice Center advierte que la ley representa un peligroso avance del programa 287(g) en Carolina del Norte.
Actualmente, este programa opera en algunas cárceles del estado. De aprobarse la SB-153, oficiales como la Policía de Carreteras podrían detener a personas en la calle para preguntar por su estatus migratorio. Esto, según expertos, provocaría perfiles raciales y desconfianza hacia las autoridades.
Impacto económico para los contribuyentes
Los acuerdos 287(g) generan altos costos. Estudios indican que condados participantes gastan millones de dólares anualmente. Llevar este modelo a nivel estatal supondría una fuerte carga financiera para los contribuyentes.
“No hay pruebas de que estos programas reduzcan el crimen. Al contrario, desvían recursos de la verdadera seguridad pública”, afirmó Kate Woomer-Deters, abogada del NC Justice Center.
Además, obligar a agencias como la Oficina Estatal de Investigación a actuar como agentes migratorios debilitaría su capacidad para resolver crímenes graves, como narcotráfico o trata de personas.
“Un análisis de datos también muestra que un gran porcentaje de las personas atrapadas en el programa habían cometido solo delitos menores o infracciones de tránsito, lo que lo convierte en un desperdicio de valioso dinero de los contribuyentes que debería destinarse a la prevención de delitos graves”, concluyó Woomer-Deters.
Todavía no está claro cuando será la votación final de este proyecto de ley.