El alguacil del condado de Mecklenburg, Garry McFadden, se unió a los manifestantes en Raleigh el miércoles 29 de marzo para oponerse a un proyecto de ley estatal que obligaría a los funcionarios locales a cumplir con ciertos deberes federales de inmigración.
McFadden habló enfáticamente frente a la Asamblea General de Carolina del Norte en contra del proyecto de ley HB-10, una propuesta patrocinada por legisladores republicanos que fue aprobada el 28 de marzo por la Cámara de Representantes estatal.
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El proyecto de ley, que ahora se dirige al Senado estatal, obligaría a los alguaciles del estado a colaborar con el Servicio de Control de Inmigración y de Aduanas (ICE por su sigla en inglés), similar al programa federal y actualmente voluntario 287(g).
Durante un evento organizado el miércoles por Farmworker Advocacy Network, McFadden dijo que la propuesta socava a los funcionarios elegidos democráticamente.
“Cuando eliminé el programa 287(g) [en Mecklenburg], fue intencional. ¿Por qué? Porque quiero que mis ciudadanos, mis residentes, puedan venir y decirme cuándo ocurrió un delito”, dijo McFadden. “Quiero que esa misma persona pueda ser un testigo para mí cuando ocurra un crimen. Pero cuando tienes problemas como los que tenemos aquí, encontramos desconfianza en nuestra comunidad”.
McFadden se refirió a los comentarios del representante republicano Destin Hall, patrocinador de HB-10, quien ha descrito a ciertos alguaciles de Carolina del Norte como “woke” o “despiertos” por no establecer acuerdos con ICE.
“Cuando la gente en este edificio dice, 'los alguaciles despertaron', sí estamos despiertos. Estamos muy despiertos”, dijo McFadden. “Pero tienen miedo de decir que estamos hablando de los alguaciles negros. Estamos hablando de los alguaciles que la gente eligió en el 2018, que no se parecían a ellos, no hablaban como ellos y definitivamente no actuaban como ellos”.
Impacto en trabajadores agrícolas
El alguacil del condado de Durham, Clarence Birkhead, también habló durante el evento en oposición al proyecto de ley, al igual que miembros del Centro Hispano, Hispanic Federation and North Carolina Justice Center.
María González, subdirectora de El Pueblo Inc. e hija de un trabajador agrícola, dijo que su representante local no ha respondido a sus solicitudes para hablar sobre la HB-10.
“A ellos no les importa ninguno de nosotros. Y nos escupen en la cara todos los días por no escucharnos”, dijo González. “Hay más de 150,000 trabajadores agrícolas en este estado en este momento. Estos trabajadores, estas personas dejarán el estado. Se irán a otro lugar”.
Si bien proyectos de ley similares de cooperación con ICE han sido vetados dos veces en el pasado, los republicanos ahora tienen mayorías más grandes en la Cámara y el Senado del estado. Esas mayorías podrían permitirles anular un veto del gobernador, si cuentan con el voto de algún legislador demócrata o independiente.
Esta historia fue producida mediante una colaboración entre WFAE y La Noticia. Puedes leerla en inglés en WFAE. This story is available in English on WFAE.