Un juez federal en Texas decidió, el 26 de agosto, suspender temporalmente el programa “Keeping Families Together” (Manteniendo a las Familias Unidas), impulsado por la administración Biden, que tiene como objetivo ayudar a los inmigrantes indocumentados casados con ciudadanos estadounidenses.
Esta suspensión, que podría durar 14 días o más, se produce tras una demanda presentada por 16 estados liderados por Texas, quienes argumentan que el programa incentivaría la inmigración no autorizada y causaría daños a sus estados.
Este programa, que había comenzado a aceptar solicitudes a mediados de agosto, busca beneficiar a aproximadamente 500,000 personas que viven en Estados Unidos sin estatus legal. Sin embargo, el juez J. Campbell Barker del Distrito Este de Texas, de tendencia conservadora, ordenó la pausa al considerar que las reclamaciones de los estados demandantes son “sustanciales” y merecen una revisión más exhaustiva.
¿Por qué no quieren familias inmigrantes unidas?
Los estados, encabezados por políticos republicanos, como el Fiscal General de Texas, Ken Paxton, sostienen que el programa es inconstitucional y que fomenta la inmigración irregular. Paxton, a través de un comunicado en la red social X, calificó el programa como un “esquema inconstitucional” y prometió seguir luchando por Texas y la ley.
La demanda también plantea que la implementación del programa podría aumentar los costos para los estados, aunque no se presentaron pruebas concretas que respalden esta afirmación.
La respuesta del gobierno federal
Por otro lado, la administración de Joe Biden, ha defendido el programa, calificando las acusaciones de los estados demandantes como “infundadas”.
Argumentan que el programa no incentivará la inmigración no autorizada, ya que solo aplica a inmigrantes que han vivido en el país durante al menos 10 años. Además, aseguran que los estados no sufrirán daños, ya que el programa tiene requisitos de elegibilidad estrictos y solo busca regularizar la situación de quienes ya residen en el país de manera prolongada.
¿Qué pasará con las familias inmigrantes?
El programa “Keeping Families Together” (Manteniendo a las Familias Unidas) ofrece una vía de legalización a los cónyuges e hijastros de ciudadanos estadounidenses sin que estos tengan que abandonar el país, es decir, un “parole in place”.
Tradicionalmente, obtener un estatus legal en estos casos ha sido un proceso complicado, que obliga a los solicitantes a regresar a su país de origen por al menos 10 años antes de poder residir legalmente en Estados Unidos. Esto ha dejado a muchas familias viviendo en la incertidumbre, sin poder avanzar hacia la residencia legal y, eventualmente, la ciudadanía.
Con la suspensión temporal del programa, muchas de estas familias se quedan en un limbo legal, sin saber si podrán beneficiarse de la iniciativa o si tendrán que enfrentarse a procedimientos legales más complejos y prolongados.
¿Cuál es el futuro del programa?
La decisión del juez Barker es solo el primer paso en una batalla legal que podría determinar el futuro de miles de familias en todo el país. Mientras tanto, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) continuará aceptando solicitudes, aunque no podrá conceder nuevos permisos bajo el programa, hasta que se resuelva la disputa judicial.
Para enviar su solicitud, puede visitar la siguiente página: www.uscis.gov/keepingfamiliestogether