Un informe de la Organización de Naciones Unidas (ONU) reveló el 5 de julio que en Venezuela las fuerzas del orden mantienen "patrones" de ejecución extrajudicial en el país, cuyas principales víctimas han sido "hombres jóvenes y niños" pobres.
El reporte fue elaborado por la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH), Michelle Bachelet.
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Aunque el documento no proporciona datos de ejecuciones extrajudiciales en años anteriores, dice que hubo una "reducción del número de muertes ocurridas en el
contexto de operaciones de seguridad o de protestas en el último año".
"Estos sucesos siguen teniendo graves efectos en las comunidades, ya que infunden miedo en la población, generan desconfianza en las fuerzas del orden público, marginan aún más a las comunidades pobres y provocan desplazamientos",
señaló Bachelet.
Ante el contenido del informe de la ONU, el gobierno de Venezuela emitió un comunicado donde "rechaza el contenido falaz y pone de relieve el origen tendencioso del mismo".
Pandemia
Bachelet revisó el panorama de conflictividad social venezolano donde los civiles protagonizaron 7,371 protestas entre junio de 2020 y marzo de 2021 en medio de una recesión económica que lleva años en el país.
Las protestas generalmente ocurren por la escasez de combustible y restricción en servicios públicos que ocasionan cortes eléctricos, falta de agua potable y gas doméstico.
Debido a eso, millones de personas en Venezuela viven en condiciones de pobreza ocasionadas por alto precio de los alimentos, los bajos salarios y la hiperinflación, lo que motiva migraciones generalizadas de venezolanos que incluso huyen al extranjero caminando.
El gobierno venezolano considera que el reporte fue impulsado "por un minúsculo grupo de gobiernos con graves situaciones internas de violación de derechos humanos". Indicó que existe un complot impulsado por Estados Unidos "para satisfacer la política de 'cambio de régimen'".
Prisión
La ACNUDH también se sumió en el entorno penitenciario venezolano donde documentó "muertes bajo custodia, especialmente debido a la elevada incidencia de la tuberculosis, la malnutrición y otras enfermedades entre las personas privadas de libertad".
Además de informar sobre persistentes "patrones previamente identificados de desapariciones forzadas y detenciones en incomunicación", dijo que hubo violencia sexual especialmente hacia mujeres en "prisión preventiva".
Con relación al tema de los privados de libertad, el gobierno nacional respondió en un comunicado que los reclusos entrevistados aseguraron gozar de "integridad personal en los establecimientos donde permanecen recluidos".
Guerrilla
Además del panorama interno, el país se enfrenta a la acción guerrillera de presuntos disidentes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del
Pueblo en el fronterizo estado de Apure.
La ACNUDH indica que estos grupos incluso habrían utilizado "minas terrestres" y provocaron la muerte de efectivos militares.
Por otro lado, Bachelet "recibió algunos informes de golpizas, descargas eléctricas, violencia sexual y amenazas de violación" a manos de agentes de las fuerzas del orden de las cuales obtuvo "denuncias creíbles de tortura o tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes".
Sin embargo, el gobierno nacional considera que el informe está impulsado por "motivaciones desconocidas" y contiene "un puñado de supuestas denuncias de violación de derechos humanos" con "acusaciones no verificadas contra la institucionalidad venezolana".
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Para más información, suscríbete a nuestro Newsletter. La Noticia produjo esta nota con información de The Associated Press (AP).