Una coalición de 30 organizaciones que defienden los derechos de los inmigrantes condenó la presentación un proyecto de ley antiinmigrante en Carolina del Norte, que busca castigar a los condados que no colaboren con las agencias de Inmigración.
El Proyecto de Ley SB-101 fue presentado el 15 de febrero en la Asamblea General de Carolina del Norte y propone acusar con un delito menor Clase 1 (que tiene una pena máxima de 120 días de cárcel), a los oficiales de los departamentos de alguaciles locales; si no interrogaran a las personas sobre su estatus migratorio, y ayudaran a los agentes federales en sus detenciones y deportaciones.
La SB-101 tiene varios puntos similares al fallido proyecto de ley HB-370; que fue vetado por el gobernador Roy Cooper en agosto del 2019 y no se convirtió en ley.
Presionan a alguaciles para que colaboren con Inmigración
En el 2018 y 2019 condados como Mecklenburg, Durham, Wake, Orange y Buncombe establecieron no reportar inmediatamente al ICE si tienen a un indocumentado detenido por por una falta civil (como no tener licencia de conducir por ejemplo), sino solamente hacerlo en caso de inmigrantes vinculados por casos criminales.
Las organizaciones piden a los legisladores que promuevan políticas inclusivas; que mantengan segura a la comunidad durante la pandemia del COVID-19, no propuestas dañinas antiinmigrantes que crean miedo, como presionar a los alguaciles a colaborar con inmigración.
“Este proyecto de ley afectaría a los habitantes de Carolina del Norte al poner en riesgo la salud y la seguridad pública durante una pandemia, afectaría a negocios esenciales en dificultades y sembraría el miedo entre la comunidad inmigrante”, dijo Nayeli García, líder comunitaria de El Pueblo.
Un problema de salud
En Carolina del Norte los indocumentados detenidos por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) a menudo son transferidos a cárceles regionales; como el Centro de Detención Stewart en Lumpkin, en Georgia; que son conocidos por tener malas condiciones y carecer de atención médica básica.
“Nuestras comunidades son más fuertes cuando nos unimos”, dijo por su parte Sandro Mendoza de Acción Política Latina.
“Nos merecemos algo mejor de nuestra legislatura que estas odiosas propuestas que dañarían a nuestras familias y vecinos”, agregó.
Según la coalición de organizaciones, la SB-101 parece ser un esfuerzo de represalia; destinado a hacer retroceder las políticas locales que buscan establecer una relación de confianza con la comunidad latina.
Los activistas instaron a todos los funcionarios electos a oponerse a cualquier legislación que lleve a miles de deportaciones más; y obligue a la colaboración entre los departamentos del alguacil de Carolina del Norte con ICE.
Entre las organizaciones que se oponen a este proyecto de ley están:
- Acción Política Latina
- ACLU of North Carolina
- Always Ready 2 Fight (ARF) Reentry Resources
- Ángel Guardián
- Asociación Dominicana de Raleigh (ADORA)
- Asociación de Mexicanos en Carolina del Norte, Inc. (AMEXCAN)
- Comité de Acción Popular
- Comité Popular Somos Raleigh
- Compañeros Inmigrantes de las Montañas en Acción (CIMA)
- Comunidad Colectiva
- Comunidad Vida Nueva
- El Colectivo NC
- El Pueblo
- FaithAction International House
- Fayetteville PACT
- Fortaleza NC
- Fuerza y Unión Múltiple
- Hendfact Henderson Fuerza Activa.
- Hispanic Federation
- Hispanic Liaison / El Vínculo Hispano
- Just Futures Law
- Momma’s Village-Fayetteville
- Mujerxs Organizando Oportunidades Notables
- NC NAACP
- NC Poor People's Campaign
- North Carolina Asian Americans Together
- SEAC Village
- Sheriffs for Trusting Communities
- Siembra NC
- Voto Latino Chatham