Una corte federal de apelaciones anuló este martes la prohibición de centros privados de detención de migrantes en California.

En 2019, el gobernador Gavin Newsom ordenó dicha ley como una medida para limitar la cooperación de California en las políticas radicales impuestas por el entonces presidente Donald Trump.

La norma establecía que los centros privados para detención de migrantes debían ser eliminados paulatinamente para 2028.

Sin embargo, un panel dividido de tres jueces de la Corte de Apelaciones del 9no Circuito argumentó que la ley, conforme a la propuesta 32 de la Asamblea (o AB 32), interfería con el gobierno federal para hacer cumplir la ley.

“La AB 32 carece de sostén porque entra en conflicto con este poder federal y con la discrecionalidad otorgada al secretario (de Seguridad Nacional) en un terreno que continúa siendo ámbito exclusivo del gobierno federal, e impide al secretario hacer lo que la ley federal de inmigración explícitamente le permite”, escribió el juez Kenneth Lee, nombrado por Trump.

A Lee se unió la jueza, también nombrada por Trump, Bridget Bade. La jueza Mary Murguia, nombrada por Barack Obama, difirió.

El fallo favorece a compañías como The Geo Group Inc., (que demandó a Newsom), y CoreCivic Inc., que dependen de los contratos con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y son fundamentales para la logística de la agencia.

El secretario de Justicia de California, Rob Bonta, quien apoyó la ley cuando era asambleísta, dijo que la prohibición era importante para la salud y seguridad de las personas durante la pandemia.

“Aunque el camino hacia adelante parezca haberse alargado un poco más hoy, nuestro trabajo continúa y seguiremos avanzando”, mencionó.

Cinco de los ocho centros de detención de inmigrantes del ICE en California son privados.

Aldo Mendoza

Egresado de la carrera de Comunicación y Periodismo en la Facultad de Estudios Superiores Aragón, UNAM. amendoza@lanoticia.com

Deja un comentario