A partir del , las personas en el condado de Alamance ya no serán encarceladas porque son demasiado pobres para pagar la fianza, en virtud de un acuerdo provisional aprobado por un tribunal federal.

Las personas en el Centro de Detención del Condado de Alamance ahora recibirán una determinación individual de su capacidad para pagar la fianza, una oportunidad inmediata de ser escuchadas por un juez y la representación de un abogado en su primera comparecencia ante el tribunal.

La libertad de una persona nunca debe depender de cuánto dinero tenga, dijo Leah Kang, abogada del personal de la ACLU de Carolina del Norte. Este acuerdo es una victoria para las personas en el condado de Alamance porque garantiza que nadie será retenido en la cárcel del condado de Alamance solo porque no pueden pagar su fianza.

La demanda

En , la Unión Estadounidense de Libertades Civiles, la ACLU de Carolina del Norte y el Cuerpo de Derechos Civiles presentaron Allison v. Allen, una demanda federal de acción de clase contra funcionarios judiciales en el condado de Alamance.

La demanda fue presentada en nombre de tres personas encarceladas en la cárcel del condado de Alamance que no podían pagar el monto de la fianza establecido por un magistrado sin tener en cuenta su capacidad de pago y sin un abogado proporcionado durante la fijación de la fianza.

Encarcelar a las personas porque son demasiado pobres para pagar la fianza es un insulto a nuestros principios más fundamentales de la justicia, dijo Katherine Hubbard, abogada del Cuerpo de Derechos Civiles. Este acuerdo es una buena noticia para todos en el condado de Alamance, especialmente las comunidades de color que se han visto desproporcionadamente afectadas por el encarcelamiento basado en la riqueza.

Antes del acuerdo

Más del 80 de todas las personas acusadas de delitos en el condado de Alamance reciben una fianza garantizada, una de las tasas más altas del estado.

Según las políticas anteriores del condado, los magistrados establecen esas condiciones monetarias para la liberación de una persona sin ningún conocimiento o consulta de la capacidad de pagar de una persona. Para aquellos que no podían pagar, la fianza en efectivo funcionaba como una orden de detención.

Ahora, bajo los términos de la orden judicial de consentimiento, los magistrados y jueces deberán realizar una investigación sobre la capacidad de pago de una persona antes de establecer un monto de la fianza en el caso de esa persona.

Además, todas las personas arrestadas en el condado de Alamance recibirán asistencia de un abogado y la oportunidad de ser escuchadas por un juez dentro de las 48 horas de su arresto.

Marlen Cardenas

Estudiante Diversity Scholar de periodismo y relaciones públicas en la Appalachian State University. Nació en Monterrey, México. Actualmente vive en Carolina del Norte. Periodista de La Noticia y The...

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