La Corte Suprema anunció que ya no se interpondrá en el camino de la política de la administración Biden, que prioriza la deportación de inmigrantes considerados de alto riesgo para la seguridad pública o aquellos detenidos en la frontera, esto como prioridad en lugar de deportar a otros inmigrantes. Esta decisión marca un hito importante en la lucha por definir las políticas de inmigración en Estados Unidos.
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El máximo tribunal rechazó un desafío presentado por estados liderados por republicanos en contra de una política implementada por la administración actual. Según la argumentación de la administración Biden, la falta de recursos económicos y de personal dificulta la deportación de los aproximadamente 11 millones de personas que se encuentran en el país sin papeles.
¿Qué pedían los estados gobernados por republicanos sobre la deportación de inmigrantes?
Los estados opositores alegaron que la ley federal de inmigración exige que las autoridades detengan y deporten incluso a aquellos inmigrantes que representan poco o ningún riesgo. Sin embargo, la Corte Suprema respaldó la directiva emitida en septiembre de 2021 por el Departamento de Seguridad Nacional, la cual suspendió las deportaciones a menos que las personas estén involucradas en actos de terrorismo, espionaje o representen "amenazas atroces a la seguridad pública".
Esta directiva, promulgada después de la llegada al poder de parte de Joe Biden como presidente, modificó una política de la era Trump que buscaba la expulsión de personas que se encontraran en el país sin papeles, sin tener en cuenta su historial delictivo o sus vínculos comunitarios.
¿Qué significa esto para los inmigrantes sin papeles?
Esta política se enfocará principalmente en deportar personas sin papeles que representen un riesgo, teniendo antecedentes penales por delitos graves o que sean buscados por algún crimen.
Si bien, esto no quiere decir que las deportaciones a personas sin papeles no se realizará, sí quitará el foco de atención a las personas que solo llegan a Estados Unidos a trabajar y no representan un peligro para la comunidad.
Con la decisión de la Corte Suprema, se confirma el respaldo judicial a la política de la administración Biden en relación con la deportación selectiva de inmigrantes. Este fallo ha generado diversas opiniones y debates sobre el enfoque que debe adoptar Estados Unidos en materia de inmigración y cómo encontrar un equilibrio entre la seguridad pública y los derechos de los inmigrantes.
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