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La administración del presidente Trump trajo consigo más de 400 acciones ejecutivas relacionadas con inmigración en estos 4 años. A continuación inicia una serie que analiza algunos de los programas migratorios con mayor impacto en la comunidad inmigrante de Carolina del Norte en general y en la comunidad latina en particular.
El 287(g)
Entre los esfuerzos más notables llevados a cabo en Carolina del Norte se encuentra la implementación del programa 287(g). Es un acuerdo entre el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y algunos condados, con el cual se capacita a agentes locales de la oficina del alguacil para que ejerzan funciones como agentes migratorios.
Bajo el programa, cualquier indocumentado que llegue a una cárcel, por cualquier motivo (aún por manejar sin licencia), en donde funcione el 287(g) será identificado y esa información pasará a ICE. Eventualmente este pasará al proceso de deportación.
Actualmente, 14 alguaciles y la cárcel distrital de Albermarle participan en el programa 287(g) en Carolina del Norte.
El caso de Alamance
El alguacil del condado de Alamance en Carolina del Norte fue uno de los primeros en todo el país en implementar la provisión 287(g) de ICE.
Siendo electo en el 2002, Terry Johnson de inmediato se hizo a conocer por sus controversiales medidas para detener a los indocumentados en el condado, empezando con su participación parcial del 287(g). Esta medida permitió que los comisarios del alguacil arrestaran a personas en base a su estatus legal.
En el 2006, aún como alguacil, el comisionado del condado votó a favor de que la oficina de Johnson se uniera a la lista de autoridades y cárceles que participaban por completo en el programa 287(g). Pero 7 años después, el Departamento de Justicia demandó a la Oficina del Alguacil de Alamance bajo acusaciones de perfil racial contra los latinos.
Aunque se canceló la demanda, ICE retractó su colaboración con la oficina de Johnson del 287(g). Según un reporte de la organización Vera, el número de apresados en el sistema de cárceles del condado se redujo un 20 % entre el 2013 y el 2016.
Inicia la era Trump
Al ser electo Donald Trump en el 2016, siendo Alamance uno de los varios condados del estado en donde ganó, se empezó a especular que Johnson intentaría reiniciar un convenio con ICE.
No fue sino hasta el verano del 2017 que esas especulaciones se consolidaron, cuando ICE empezó a comunicarse con el alguacil buscando reactivar el 287(g) en el Condado Alamance.
Desde entonces han habido un sinnúmero de protestas en contra de la decisión de Johnson de seguir adelante con la propuesta de ICE.
Después de un acuerdo preliminar a inicios de noviembre 2018 entre el alguacil Johnson y ICE, el 22 de enero 2019, la Junta de Comisionados del Condado de Alamance aprobó un plan para recibir $2.8 millones del ICE y otras agencias para un centro de detención migratorio.
El nuevo 287(g)
A principios del 2020, Johnson firmó un nuevo acuerdo con ICE en el que el alguacil y sus ayudantes sirven como “Warrant Service Officer”, o oficiales de servicio técnico, otro tipo de colaboración bajo 278(g) creado en el 2019.
A diferencia del 287(g) en sí, este tipo de acuerdo les permite a los oficiales que estén entrenados bajo el programa a ejecutar arrestos en nombre de ICE, pero carecen el derecho a cuestionar el estatus migratorio de una persona durante un control de tráfico rutinario o situación similar.
¿Qué condados tienen convenios con ICE?
La Oficina del Alguacil del Condado Alamance es la más conocida, pero otras 13 oficinas del alguacil y una cárcel distrital colaboran con ICE en Carolina del Norte. Las Oficinas del Alguacil de los condados de: Cabarrus, Gaston y Henderson son las únicas que funcionan bajo el modelo original del 287(g).
Tal y como Alamance, las Oficinas del Alguacil de los condados de Avery, Caldwell, Cleveland, Duplin, Lincoln, Nash, Randolph, Rockingham y Yancey funcionan como oficiales de servicio técnico para ICE. Según el sitio web de ICE, la Oficina del Alguacil de Brunswick funciona bajo ambos tipos de colaboración. Todos empezaron o renovaron sus acuerdos entre el 2019 y el 2020.
Eddie Caldwell es vicepresidente ejecutivo y consejero general de la Asociación de Alguaciles de Carolina del Norte. Es un grupo no gubernamental y sin fines de lucro, pero que respalda los intereses de los alguaciles del estado en cuanto a las decisiones legislativas que los afecten.
En el 2019, la asociación abiertamente se opuso a un proyecto de ley del estado que requeriría a los alguaciles a cumplir toda orden federal de detención.
En una entrevista con La Noticia, Caldwell explica que aunque un alguacil demuestre interés en el programa 287(g), este no está diseñado para cualquiera.
“El 287(g) está diseñado principalmente para oficinas del alguacil más grandes. Así que hay muchos alguaciles en condados que son demasiado pequeños para calificar”, dijo Caldwell.
“[Los alguaciles] tienen que hacer la solicitud. Así que depende de ellos decidir si quieren postularse”, explica el miembro del comité ejecutivo. “Luego el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas decide si el alguacil que ha presentado la solicitud califica y se le permitirá ingresar al programa.”
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Laura Brache es una corresponsal bilingüe de Report for America cubriendo temas de inmigración y la comunidad latina en Charlotte para WFAE 90.7 FM y La Noticia. Report for America es una organización sin fines de lucro que destina periodistas a reportar sobre los temas y las comunidades que más lo necesitan.