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El Fiscal General, Josh Stein, rechazó una propuesta federal que socavaría la capacidad de los niños de obtener el estatus de Inmigrante Juvenil Especial (SIJ), el cual protege a los niños maltratados, descuidados y abandonados al permitirles convertirse en residentes legales y, en última instancia, ciudadanos estadounidenses. La propuesta de la administración Trump amenaza con socavar las protecciones del SIJ que han existido durante décadas.

Ya tenemos un proceso en los tribunales estatales para proteger a los niños inmigrantes vulnerables del abuso y la negligencia, dijo el Fiscal General Josh Stein. Esta nueva acción del gobierno federal es innecesaria y aumenta el trauma a los niños que ya han sufrido mucho. No podemos permitir que ese trauma continúe.

Más de 21,000 niños

En una carta de comentario al Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) una coalición de 17 fiscales generales hizo un llamado a la administración Trump para que revise esta propuesta de regla, que podría infligir un trauma adicional a miles de niños ya vulnerables. Solo en , hubo 21,917 solicitudes SIJ en todo el país. Desde hasta , los patrocinadores adultos en Carolina del Norte dieron la bienvenida a 8,308 niños no acompañados, muchos de los cuales son elegibles para SIJ.

La nueva propuesta

Según el proceso existente, los tribunales estatales de menores tienen la autoridad de emitir órdenes declaratorias para permitir que un niño sea elegible para SIJ, si no pueden reunirse con sus padres debido al abuso, la negligencia o el abandono como se describe en la ley estatal. Una vez que se ha emitido una orden declaratoria, el niño puede solicitar SIJ y el USCIS tiene 180 días para tomar una decisión sobre la solicitud.

La regla propuesta crea nuevas capas de burocracia que duplican muchas funciones estatales existentes, pero también aumentan la carga sobre los niños.

El gobierno federal ahora solicita que se presenten pruebas adicionales al USCIS de que la reunificación no es viable según la ley estatal, a pesar de que un tribunal estatal ya habría tomado esa determinación en una orden judicial. Al agregar este requisito y otros, el USCIS socava la deferencia y la autoridad a las decisiones de los tribunales estatales. Además, no está claro cómo el personal del USCIS estaría equipado para interpretar y tomar decisiones sobre la multitud de leyes en los 50 estados, así como las leyes de las organizaciones o territorios tribales bajo el control administrativo del gobierno.

En la carta de comentario la coalición señala que no es función del USCIS cuestionar o volver a juzgar las determinaciones ya hechas legalmente por los tribunales estatales.

El Fiscal General Josh Stein se unió a la presentación de esta carta de comentarios por parte de los Fiscales Generales de: California, Connecticut, Delaware, Illinois, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, Nueva Jersey, Nuevo México, Oregón, Pensilvania, Vermont, Washington y el Distrito de Columbia.