El Sindicato de Trabajadores Agrícolas (FLOC)celebró la decisión de un juez federal de suspender temporalmente una ley estatal que pone límites a los derechos de los trabajadores del campo.

FLOC junto con otras entidades plantearon una demanda en nombre de dos trabajadores: Víctor Toledo y Valentín Alvarado, contra la Ley Agraria de Carolina del Norte del 2017, argumentando que viola la Primera y Decimocuarta Enmienda de la Constitución al impedirles el libre derecho de asociación, así como a establecer acuerdos de negociación colectiva con sus empleadores.

El 20 de septiembre la jueza federal Loretta Biggs, impidió que la ley entrara en vigencia, al menos temporalmente, mientras la demanda continúa avanzando en el sistema judicial.

¿Qué dice la ley?

La enmienda incluida en el SB 615 hace ilegal que los granjeros firmen acuerdos sindicales y deduzcan cuotas de membresía de los salarios de los trabajadores, además prohíbe que ellos soliciten a los patrones establecer un acuerdo con el sindicato. La ley fue aprobada por la Asamblea General y firmada por el gobernador Roy Cooper.

La demanda contra esta ley fue presentada el en las afueras del edificio legislativo en Raleigh por miembros de FLOC y una coalición de grupos de derechos civiles, entre ellos la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU), el Centro de Justicia de Carolina del Norte y Southern Poverty Law Center (SPLC).

Esta ley de Carolina del Norte está claramente diseñada para hacer más difícil, si no imposible, que el único sindicato de trabajadores agrícolas del estado defienda las protecciones contra la explotación y malas condiciones de trabajo, dijo Brian Hauss, abogado de ACLU.

Estamos contentos de que la corte federal haya visto claramente que esta ley racista fue un esfuerzo para evitar que los trabajadores agrícolas tengan los recursos para financiar su propia institución y luchar por un lugar de trabajo más justo, dijo el presidente de FLOC Baldemar Velásquez.

La batalla judicial

FLOC recalca que la ley es discriminatoria ya que impacta a un solo grupo de trabajadores, 90 % de ellos son latinos.

Es una ley racista que discrimina a los trabajadores agrícolas, casi todos latinos y no afecta a ningún otro. Segundo, es una violación a la libre expresión y los derechos de asociación al tratar de debilitar al sindicato, y tercero fue aprobada en represalia porque hablamos públicamente sobre los problemas en el campo donde algunos legisladores son granjeros, indicó a La Noticia, Justin Flores, vicepresidente de FLOC en Carolina del Norte.

Más de 100,000 trabajadores agrícolas proveen labor a granjas en Carolina del Norte, ayudando a generar más de $12,000 millones a la economía estatal.

Diego Barahona A.

Periodista, editor, asesor, y presentador. De 2016 a 2019 el periodista más galardonado en Estados Unidos por los Premios José Martí. Autor del best seller: ¿Cómo leer a las personas? dbarahona@lanoticia.com

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