Por muchos años se consideró al Partido Republicano como el defensor de los valores tradicionales, la integridad de las familias y los niños. Hoy, quedan pocos vestigios de estos principios, especialmente cuando destacados políticos republicanos buscan activamente la separación de cientos de miles de familias inmigrantes.
Lucha legal contra familias inmigrantes
Texas encabeza una coalición de 16 estados, liderados por políticos republicanos, que busca eliminar el programa “Keeping Families Together” (Manteniendo a las Familias Unidas), impulsado por la administración de Joe Biden, que tiene como objetivo ayudar a que los inmigrantes indocumentados, casados con ciudadanos estadounidenses, permanezcan con sus cónyuges.
Este programa había comenzado a aceptar solicitudes hace pocos días, en busca de beneficiar a cerca de medio millón de personas que viven en Estados Unidos sin estatus legal. Sin embargo, el juez conservador, J. Campbell Barker, del Distrito Este de Texas, ordenó el 26 de agosto suspender temporalmente el programa.
El juez dijo que la excusa para esta suspensión, que podría durar 14 días o más, es que se le debe dar atención a los reclamos de los estados demandantes, quienes dicen que el programa incentivaría la inmigración no autorizada y causaría daños a sus estados. Sin embargo, en la demanda no se adjuntan evidencias que justifiquen tales aseveraciones.
Excusas legales y juegos electorales
La demanda de los líderes republicanos en contra de las familias con estatus migratorio mixto no tiene sentido. Por un lado, el programa no incentiva la inmigración ilegal, ya que solo aplica a personas que han vivido en el país durante al menos 10 años. Adicionalmente, el programa tiene requisitos de elegibilidad estrictos y solo busca regularizar la situación de quienes ya residen en el país de manera prolongada.
Esta demanda no busca el bienestar o la seguridad de la comunidad, no es más que un intento por mantener viva la discusión del tema migratorio en medio de la campaña electoral, a costa del sufrimiento e incertidumbre de cientos de miles de familias inmigrantes. Tristemente, esto no es nuevo.
En febrero, pese a que los líderes republicanos pasaron años empujando la idea de que asegurar la frontera es una cuestión de “máxima prioridad” y tras exigir una legislación urgente sobre el tema; cuando finalmente llegó un acuerdo bipartidista, Donald Trump, les pidió a sus coidearios que sabotearan su propia reforma fronteriza, la más dura en décadas, porque eso no le beneficiaba a su campaña de reelección.
Las políticas migratorias crueles no son la solución
Claro que se debe reforzar la seguridad en la frontera, esto tiene sentido, lo que carece de toda lógica (y de humanidad) son las políticas crueles como las inviables deportaciones masivas que propone Trump, u oponerse sin argumentos válidos a programas como “Keeping Families Together” o DACA.
Un informe del Instituto de Política Fiscal y Económica destaca la importancia de los indocumentados en todo el país en general y Carolina del Norte en particular.
Estas personas, que no cuentan con documentos migratorios, ni con permisos de trabajo, ni tienen acceso a programas públicos, aportaron $692.2 millones en impuestos estatales y locales en el 2022. Esta cifra pudo elevarse a $843.6 millones si se les permitiera trabajar legalmente.
Ya no nos podemos referir al Partido Republicano como un baluarte de las familias, cuando se desprecia la unidad familiar de hogares inmigrantes, cuando se busca ganar votos generando miedo innecesario contra millones de trabajadores, cuando se ejecutaron políticas que activamente buscaban separar a niños pequeños de sus madres en la frontera, como lo hizo Trump con el plan “cero tolerancia”. No podemos permitir que esta forma de crueldad nuevamente llegue al poder.
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