Knightdale- La familia de un joven de origen mexicano beneficiario del programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés) lucha para que no sea deportado, ya que un juez retiró todas las acusación que pesaban en su contra.
Lugar y momento equivocado
Rubén González Guzmán, originario de Reynosa, Tamaulipas (México) vive desde los 8 años de edad en Knightdale junto a sus padres y cuatro hermanos. Trabajador de la construcción y a la espera de ingresar a los marines, Guzmán, de 22 años, fue arrestado el 12 de marzo, luego de una persecución de un auto que había sido reportado como robado y en el que Rubén viajaba como pasajero. “Le dijo a los otros muchachos que no corrieran y que esperaran a la policía”, aseguró a La Noticia, su madre, Araceli Guzmán. “Mi hijo no sabía nada de ese vehículo. A él lo pasaron a recoger para ir a una disco”.
El joven fue llevado a la cárcel del condado de Wake donde funciona el programa 287(g) y fue procesado por inmigración. “Mi hijo le mencionó al oficial del ICE que tenía DACA vigente, pero él le dijo se lo quitaba, ya que todo el que llegaba a la cárcel era un criminal”, contó Araceli.
Tras la investigación y el testimonio de los implicados, el 3 de abril los cargos fueron desestimados por el juez de este condado, pero aún así dos días después fue trasladado al centro de detención de inmigración de Stewart en Georgia, en donde permanece desde entonces.
Piden liberación
Byron Martínez, director de la organización United We Stand y quien está ayudando a la familia con el proceso, comentó que al momento de su arresto el joven tenía DACA vigente y estaba en proceso de renovación.
“Su aplicación fue aceptada por el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) y tenía que presentarse para la toma de huellas el 24 de abril. Rubén no tiene ningún récord criminal ni cargos pendientes. El oficial de la cárcel de Wake está entrenado y tenía que revisar todos los documentos y darse cuenta que no tenía cargos”, mencionó Martínez.
Por su parte Bryan Cox, portavoz del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) para las Carolinas, dijo que el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede revocar en cualquier momento la concesión de este amparo migratorio “particularmente en el caso de alguien que comete un delito” o se encuentre de una manera que represente una amenaza a la seguridad pública.
Cox mencionó que desde el 2012, cuando el programa comenzó el DHS ha terminado el beneficio de aproximadamente 1,500 jóvenes, debido “a la criminalidad o las preocupaciones de afiliación de pandillas”, agregó.