En una acción sin precedentes, Carolina del Norte liberará a más de 3,000 reclusos en prisiones estatales, bajo un acuerdo que determinó que su confinamiento es inconstitucional durante la pandemia del COVID-19.

La demanda NC NAACP vs. Cooper llevó a esta decisión, la cual fue dirigida por organizaciones de derechos civiles, tres personas encarceladas y un cónyuge de una persona encarcelada.

Muchas prisiones han enfrentado brotes de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia, ya que la transmisión de la enfermedad se propaga más fácilmente en entornos cerrados.

Según datos estatales, se han confirmado 12,749 casos de COVID-19 y 88 muertes en centros correccionales en todo el estado hasta el martes 23 de febrero. En total, se han producido 87 brotes desde el comienzo de la pandemia.

"Hemos oído hablar de cientos de personas encarceladas y de sus familiares que temen legítimamente por sus vidas, ya que están atrapados en nuestras prisiones estatales durante esta crisis de salud pública sin precedentes", dijo Whitley Carpenter, abogada del Estado mayor de Forward Justice.

¿Qué significa esto para los reclusos?

tEl acuerdo dará lugar a la pronta liberación de al menos 3,500 personas bajo custodia estatal, lo que lo convierte en una de las mayores liberaciones en prisión en el país, logradas a través de un litigio por COVID-19.

Además, el acuerdo asegurará que el estado tome medidas importantes para reducir la amenaza continua del COVID-19 en las prisiones de Carolina del Norte, incluyendo vacunación y pruebas seguras, protocolos de transferencia, así como procesos de monitoreo y quejas.

Según los términos del acuerdo, el estado tiene 180 días para liberar a 3,500 personas que actualmente están bajo su custodia. Esa ventana comienza una vez que el tribunal de primera instancia conceda una solicitud para que se mantenga el caso durante ese período.

Las partes presentaron conjuntamente la solicitud de internación el jueves 25 de febrero.

"El acuerdo histórico de hoy es un paso adelante después de casi un año de abogar por la vida humana de nuestros vecinos que, en demasiados casos, han sido tratados como desechables", dijo el Reverendo Dr. T. Anthony Spearman, presidente del capítulo de Carolina del Norte de la Asociación Nacional para el Avance de la Gente de Color (NAACP).

Sobre la demanda: NC NAACP contra Cooper

La demanda fue presentada por primera vez el 20 de abril del 2020 en el Tribunal Superior del Condado de Wake contra el gobernador Roy Cooper. Según la NC NAACP, había más de 34,000 personas en prisiones en Carolina del Norte cuando se presentó.

El 16 de junio del 2020, el tribunal otorgó un mandato judicial preliminar ordenando al estado que examinara las medidas de reducción de la población e implementara prácticas de pruebas y transferencias más seguras.

El tribunal siguió el mandato preliminar con órdenes posteriores, incluyendo una orden de nombrar a Thomas Maher, ex Director del Centro Wilson para la Ciencia y la Justicia en la Escuela de Derecho Duke, como enlace Especial con el Tribunal para monitorear los esfuerzos del estado en la reducción de la población carcelaria y su respuesta al COVID-19.

Las 3,500 liberaciones tempranas requeridas bajo el acuerdo serían además de la reducción de aproximadamente 16 % ya alcanzada desde que la demanda fue presentada hace menos de un año.

Los demandantes incluyen la Conferencia Estatal de la NAACP, ACLU de NC, Disability Rights North Carolina, y varias personas encarceladas y sus familiares.

Están representados por la ACLU de NC, Disability Rights NC, Emancipate NC, Forward Justice, y National Juvenile Justice Network.

La población carcelaria actual de 28,659 personas constituye el nivel más bajo de población carcelaria estatal desde la promulgación de sentencias estructuradas en octubre de 1994. La población se encontraba en su punto máximo en el 2010, con 40,279 individuos.

“Este acuerdo es un logro trascendental en la lucha por proteger a las personas encarceladas durante esta emergencia de salud pública, pero no termina con nuestra defensa; Instamos al Gobernador y al Departamento de Seguridad Pública a que hagan todo lo que esté en su poder para devolver a tantas personas a sus familias y comunidades como sea posible durante esta peligrosa pandemia", dijo Leah Kang, abogada del ACLU de Carolina del Norte.

Zila Sanchez

Es graduada de Ciencias del Periodismo y Comunicación Social (Multimedia) de la Universidad Estatal Agrícola y Técnica de Carolina del Norte. Es miembro del cuerpo de periodistas de Report for America...

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