Raleigh- Organizaciones que trabajan con los inmigrantes y que han logrado que decenas de condados en el estado acepten la identificación comunitaria conocida como Faith Action ID, rechazaron el avance de una propuesta de ley que las prohibiría y que además extendería el programa de inmigración 287(g) en todo el estado.
“Es preocupante lo que está pasando y ver que como quieran definitivamente están tratando de cerrar la puerta a la comunidad inmigrante”, dijo a La Noticia, Pilar Rocha Goldberg, directora ejecutiva de El Centro Hispano.
Con el apoyo de la red del Faith Action ID, esta organización sin fines de lucro logró que el programa sea aceptado por los departamentos de policía de las ciudades de Carrboro, Chapel Hill y Hillsborough en el condado de Orange y la Oficina del Alguacil. Así como en el condado de Durham.
Desde febrero del 2012 hasta la fecha han tramitado más de 2,200 Faith Action ID en estos condados, mejorando la relación entre las agencias del orden y la comunidad inmigrante.
Lo que plantea la propuesta
La propuesta de ley HB 145, denominada “Ley de cumplimiento de la inmigración gubernamental”, fue aprobada en el pleno del Senado el miércoles 26 de abril, por 34 a favor y 15 en contra.
Esta propuesta legislativa busca, además, que el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte (DPS) establezca un acuerdo de entendimiento con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a través de la sección 287(g) para que las “agencias del orden designadas” cumplan funciones de Inmigración. Estas agencias son la Patrulla de Carreteras, el Buró Estatal de Investigaciones, la Agencia de Control de Alcohol, la Policía del Capitolio, la Guardia Nacional estatal.
Otra de las provisiones contempladas en la SB 145 prohíbe que el Sistema de Universidades de UNC adopte resoluciones “santuario” para proteger a los estudiantes indocumentados o se nieguen a entregar información a Inmigración.
Condados perderían millones
Asimismo, la propuesta establece la retención de fondos provenientes de los impuestos a los gobiernos locales y de los condados que incumplan con la ley HB 318, que prohíbe las ciudades santuario . Los castigos estarían basados en recortes a una variedad de ingresos que suman $337 millones en todo el estado.
El condado de Wake, por ejemplo, perdería $ 3.9 millones si viola la prohibición. El dinero proviene de los impuestos a la cerveza y el vino, impuestos de telecomunicaciones, al gas natural, etc.
De la misma manera, la propuesta de ley exige al Fiscal General que cree un mecanismo para recopilar las quejas de los ciudadanos que piensen que se está incumpliendo con la ley. Cualquier persona podría presentar una quejas, sin tener fundamentos- y el Fiscal contratará personal adicional a un costo de $ 382,000 durante el primer año.
El SB 145 pasó la primera lectura en la Cámara de Representantes y fue referida al Comité de Reglas Operaciones. Ya en esta cámara, deberá seguir el debido proceso legislativo.