Burlington - La Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) envió una carta al gobierno del presidente Donald Trump, en la que le pide rechazar la solicitud de la Oficina del Alguacil del Condado Alamance (ACSO) de reinstalar el programa 287(g) en la cárcel local, y cita la demanda que enfrentó, “su historial de perfil racial y abuso desenfrenado de los derechos civiles”.
Según ACLU el sábado 11 de noviembre el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), consideraría la solicitud del ACSO y otras 25 agencias del orden en el país, incluida la Oficina del Alguacil del Condado Nash, en Carolina del Norte, de tener el programa 287(g).
“El contrato del 287(g) fue terminado con el condado Alamance en 2012 por discriminar y hacer perfil racial contra la comunidad latina. Es alarmante que esta administración esté considerando empoderar a oficiales que tienen un patrón tan documentado de abuso”, señaló Irena Como, abogada de ACLU, a La Noticia.
“Ninguna agencia con unos récords tan terribles de abuso de los derechos civiles debería recibir fondos federales para promover que se enfoque en el arresto, detención y posible deportación de residentes”, añadió la abogada.
La carta fechada el 7 de noviembre, fue dirigida a Scott L. Shuchart, de la Oficina de Derechos Civiles y Libertades Civiles del DHS, y fue firmada por la directora de políticas de la organización, Sarah M. Gillooly.
El 287(g) fue desmantelado en 2012 por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), tras revelarse los resultados de una investigación contra el alguacil Terry Johnson iniciada en 2010 por el Departamento de Justicia (DOJ), por denuncias de perfil racial contra conductores latinos que eran fichados para deportación.
En diciembre de 2012 el DOJ demandó a Johnson, pero luego de una batalla legal, en 2015 un juez federal desestimó los cargos exonerando al alguacil.
Una cárcel modelo de ICE
Por su parte la oficina del alguacil, insiste que los reclamos de ACLU son falsos y que fue ICE quien los contactó para volver a instalar el programa.
Según Randy Jones, portavoz del alguacil, ICE los contactó en el verano para ver si estaban interesados en tener el 287(g) de nuevo, porque luego de evaluar previamente su manejo en la cárcel, lo describió como “programa modelo”.
“Esto de nuevo disputa los reclamos de ACLU sobre nuestra oficina, y que se comprobó en la corte que eran falsos. Por el valor del programa, sería de nuevo una cárcel modelo, justo como lo fuimos antes pese a los reclamos erróneos. Nosotros no hacíamos trabajo de campo, excepto cuando ICE solicitaba nuestra asistencia”, señaló Jones.
Jones dijo que aparentemente ICE está interesado en su ubicación (por estar en la mitad del estado), por ser una locación ideal para su programa de detención.
El portavoz además reveló a La Noticia, que ICE estaba considerando usar la cárcel de Alamance, como parte de su plan de expansión de sus centros de detención de inmigrantes a reclusorios locales.
Al cierre de esta edición, Jones dijo que aún no tenían respuesta del ICE respecto a la confirmación de restablecer el 287(g) en la cárcel.
ICE sostiene acuerdos vigentes con oficinas del alguacil en cinco condados de Carolina del Norte: Mecklenburg, Cabarrus, Gaston, Wake y Henderson.