Raleigh- “Mi esposo es un hombre muy bueno. Lo encarcelaron durante 14 meses y sobrevivió, pero el día en que que iba a estar libre, ICE lo secuestró y rompió nuestra familia. Esto afecta no solo a los hispanos. Yo estoy aquí. Soy blanca, una ciudadana americana”, dijo Corey Mejía Summers, de Durham, separada desde diciembre del 2016 de su esposo Luis, cuando fue deportado a Honduras.
Corey compartió su historia con más de una veintena de miembros de la comunidad no solo latina, sino también americana, presentes en la serenata y protesta en contra de las violaciones de los derechos de los inmigrantes y la separación de las familias, donde además pidieron el cierre de los centros de detención de inmigración que hay en el país.
El evento fue organizado por la Red de Derechos de Inmigrantes del Sureste y de la Red de Vigilancia de Detención en coordinación con otros 15 grupos de la región y se realizó el viernes 28 de julio en las afueras de la cárcel del condado de Wake, ubicada en el centro de Raleigh.
“Los inmigrantes en Carolina del Norte seguimos siendo asechados”, dijo Martha Hernández del Comité de Acción Popular. “Queremos que nuestras familias y comunidades vivan sin miedo a la policía y a inmigración. Basta de lucrar con nosotros y nuestras familias”.
Familias separadas
Sandra Marquina, esposa del pastor José Chicas pidió a la administración del presidente Donald Trump que reconsideren el caso de su esposo. “Hago un llamado a la conciencia de lo que estamos viviendo”, mencionó. “Es un era crítica bajo lo nueva administración. Como familia estamos pasando por una situación difícil y no nos quieren oír”, denunció.
Chicas, de origen salvadoreño, permanece refugiado en la Escuela de Conversión en Durham desde el 27 de junio a la espera de que inmigración cancele su deportación y le permita quedarse junto a su familia. Por más de 32 años, este pastor ha vivido en Estados Unidos. Es padre de cuatro hijos, tres de ellos ciudadanos americanos y uno beneficiario del programa DACA. En la década de los 80 y debido a un inadecuado consejo legal no se presentó a corte lo que le generó una orden de deportación en ausencia.
Llamar a congresistas
Tras escuchar las historias desgarradoras de las familias, Yolanda Zabala del Comité Popular Somos Raleigh, pidió a la comunidad que contacte a sus congresistas, ya que a nivel federal están avanzando proyectos de ley que permitirían ampliar la fuerza de deportación del presidente Trump y otorgar más dinero a los centros de detención de inmigración.
“Lo menos que podemos hacer es una llamada a nuestros congresistas y decirles que no queremos este tipo de leyes que afectan a millones de familias, no solo inmigrantes. La comunidad debe despertar”, finalizó.