Raleigh- Con una votación de 12 a favor y 5 en contra, fue aprobado el 11 de abril en segundo debate en el Comité Judicial del Senado estatal, el proyecto de ley SB 145 “Cumplimiento de la inmigración gubernamental”.
La propuesta legislativa busca que algunas agencias del orden trabajen como agentes de inmigración al adoptar el programa 287(g), además de eliminar una excepción a la ley estatal que permite a las autoridades locales aceptar las identificaciones comunitarias, como las del Faith Action ID.
“Los ilegales son un problema para los contribuyentes en el estado”, dijo el senador republicano Norman Sanderson (Distrito 2 Carteret, Pamlico y Craven), autor de la medida. “Nosotros somos un estado de leyes. No buscamos castigar a nadie, pero si usted ya está en el país ilegalmente está rompiendo la ley”, mencionó.
Acuerdos con inmigración
La propuesta busca que el Departamento de Seguridad Pública de Carolina del Norte (DPS) establezca un acuerdo de entendimiento con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), a través de la sección 287(g) para que las “agencias del orden designadas” cumplan funciones de Inmigración. Estas agencias son la Patrulla de Carreteras, el Buró Estatal de Investigaciones, la Agencia de Control de Alcohol, la Policía del Capitolio, la Guardia Nacional estatal.
Además, la propuesta de cinco secciones, prohíbe que el Sistema de Universidades UNC adopte resoluciones “santuario” para proteger a los estudiantes indocumentados o se nieguen a entregar información a Inmigración.
En otra parte establece retención de fondos provenientes de los impuestos a los gobiernos locales y de los condados que incumplan con la ley HB 318, que prohíbe las ciudades santuario en Carolina del Norte. Asimismo, exige al Fiscal General crear un mecanismo para recopilar las quejas de los ciudadanos que piensen que se está incumpliendo con la ley y que se realice las investigaciones en un plazo de 45 días.
Dañan a toda la comunidad
Antes de la votación, David Fraccaro, director ejecutivo de Faith Action International House en Greensboro, se dirigió a los miembros del comité argumentando que la identificación del Faith Action es una herramienta que sirve para proteger a la comunidad. Además, que es un programa que funciona con gran éxito y que incluso, se ha replicado en las ciudades de Houston (Texas) y en Cincinnati (Ohio).
“Más de 16 agencias del orden apoyan este proyecto, más de 10,000 identificaciones han sido entregadas”, mencionó a los presentes. “Invito a que contacten a las agencias del orden para ver cómo les ha beneficiado este programa a sus comunidades, antes de que tomen una decisión así”, apuntó.
Por su parte, la Unión Americana de Libertades Civiles de Carolina del Norte (ACLU-NC) por sus siglas en inglés, criticaron el avance de la medida al considerar que daña los derechos y el bienestar de la comunidad, y que “difunde el miedo y la confusión, desperdiciendo recursos gubernamentales, sin aportar nada para hacer nuestras comunidades más seguras”. “Este proyecto de ley potencialmente viola la ley federal y la Constitución de los Estados Unidos y podría exponer a Carolina del Norte al litigio. Los legisladores estatales no deben obligar a los funcionarios locales a elegir como objetivo a los indocumentados de Carolina del Norte que trabajan, van a la escuela, y contribuyen a nuestras comunidades de innumerables maneras”, dijo Sarah Gillooly, directora de Políticas de ACLU-NC.
La HB 145 fue referida al Comité de Finanzas y si es favorable pasará al Comité de Reglas y Operaciones y luego al pleno del Senado.