Raleigh- Cerca de $337.5 mil millones en impuestos a las ventas locales perderían las ciudades y poblaciones de Carolina del Norte que incumplan con la prohibición estatal de las denominadas ciudades “santuario” para inmigrantes, si la Asamblea General aprueba proyectos de ley antiinmigrantes.
La propuesta HB 113, que pretende castigar con la suspención de fondos a las ciudades que se nieguen a colaborar con las agencias federales de inmigración sigue vivo en la Asamblea. Esto a pesar de que en el estado la ley prohíbe que se niegue esta colaboración.
El 8 de julio durante el Día de Abogacía y Fe, grupos de la comunidad entregaron a los representantes y senadores la hoja informativa “Costos fiscales de las propuestas de ley antiinmigrantes”, con el fin de que conozcan cómo afectará al estado y sus contribuyentes la aprobación de este tipo de medidas.
Acorde con la información, si en el estado aprueba la HB 113, la Oficina del Fiscal estatal también incurriría en gastos de $382,000 de su presupuesto para contratar más personal.
Pero no solo esta propuesta afectaría al arcas del estado, igualmente la SB 145, que busca entre otras cosas, expandir el programa de inmigración 287(g) en Carolina del Norte. Lo que según los grupos comunitarios sería millonario, si se toma en cuenta que implementar el 287(g) tuvo un costo de $5.3 millones en el condado de Mecklenburg y $4.8 millones en Alamance durante su primer año.