El Senado de Carolina del Norte aprobó la tarde del 20 de noviembre, por 30 votos a favor y 19 en contra, la anulación del veto del gobernador al proyecto de ley HB-10, considerado antiinmigrante. Con esto, la medida entrará en vigor a partir de diciembre, obligando a las oficinas de los alguaciles a colaborar con agentes migratorios.
La nueva ley convierte en obligatoria la colaboración entre agencias locales, como las oficinas de alguacil, con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) y retener inmigrantes que cometen ciertos delitos graves para ser enviados a los agentes federales. Activistas advierte que esto va en contra del debido proceso, pues una persona arrestada no necesariamente significa que sea culpable, eso lo debe determinar un juez.
En los años 2021 y 2020, la mayoría de las detenciones del ICE en Carolina del Norte se debieron a infracciones de tránsito o casos de conducción bajo la influencia, no a delitos violentos. Esto refuerza las críticas de que la ley penaliza desproporcionadamente a inmigrantes por ofensas menores.
La HB-10 adicionalmente contempla la financiación de los costos de matrícula de las escuelas privadas con una ampliación de $554 millones de fondos públicos mediante un sistema de “vouchers” o vales, a pesar de las persistentes dudas sobre la falta de una adecuada supervisión financiera del programa y potencial de fraude.
Organizaciones sociales y líderes comunitarios expresaron su rechazo la medida.
Inmigrantes bajo amenaza constante
“Las familias que contribuyen a la economía y la comunidad de Carolina del Norte vivirán ahora bajo la amenaza constante de detención y separación. Este es un día oscuro para nuestro estado”, dijo Pilar Rocha-Goldberg, presidenta y directora ejecutiva de El Centro Hispano. “Nos mantenemos unidos en nuestro compromiso de desafiar esta ley y proteger los derechos de los inmigrantes en Carolina del Norte”.
La HB-10 institucionaliza el miedo
Según los activistas, la HB-10 también plantea serias preocupaciones constitucionales, y los expertos legales advierten que podría enfrentar demandas por violar el debido proceso y la igualdad de protección ante la ley.
“Esta legislación no hace nada para mejorar la seguridad pública. En cambio, institucionaliza el miedo, perturba a las familias y ataca a las comunidades vulnerables”, agregó Antelmo Salazar, representante de El Colectivo.
Beneficia a familias ricas y perjudica a inmigrantes
“Los republicanos en la mayoría de la Asamblea General de Carolina del Norte, junto con tres demócratas (los representantes Cunningham, Willingham y Wray), votaron a favor de utilizar nuestro dinero público para la expansión de vales escolares privados no sujetos a rendición de cuentas para las familias más ricas de nuestro estado”, dijo la directora ejecutiva del NC Budget & Tax Center, Alexandra Sirota.
“El proyecto de ley que estos legisladores apoyaron, a pesar del veto del gobernador Cooper, aumentaría los costos para todos nosotros, al incrementar el miedo en las comunidades inmigrantes y aumentar la desconfianza en las fuerzas del orden al obligarlas a cooperar con los agentes de Inmigración”, agregó Sirota.
Nueva ley antiinmigrante crea un entorno de miedo
“El Proyecto de Ley HB-10 de la Cámara de Representantes obliga a las agencias locales a actuar como ejecutores de las leyes de inmigración, lo que crea un entorno en el que las familias viven con miedo constante y tienen menos probabilidades de denunciar delitos o buscar servicios críticos. Las disposiciones que apuntan a la financiación de la educación son igualmente devastadoras, ya que castigan a los estudiantes vulnerables y debilitan las bases de nuestra futura fuerza laboral”, dijo Stefanía Arteaga, codirectora ejecutiva de Carolina Migrant Network.