El gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper firmó una orden ejecutiva que establece la comisión Hagamos que NC cuente, que será la encargada de trabajar con las comunidades del estado para que haya un conteo preciso de los residentes en el Censo 2020.

El Censo determinará cómo el gobierno federal distribuye $400,000 millones entre vivienda, desarrollo económico y educación. El conteo del Censo afecta a todos los habitantes del estado porque determinará la cantidad de personas que nos representan en el Congreso, los fondos federales destinados para educación, atención médica e infraestructura, dijo Cooper.

Dos comisionadas son latinas

Entre los integrantes 24 integrantes del grupo creado por el gobernador están algunos empresarios, cómo Maytee Sanz, directores de fundaciones, como es el caso de Aidil Ortiz, miembro de la fundación Kate B. Reynolds, líderes religiosos y servidores públicos que tienen la tarea de conectarse con personas de bajos ingresos, inmigrantes, y residentes rurales que históricamente son los grupos de menor participación en los censos, según la oficina del gobernador.

Gobierno insinúa usar información

La Casa Blanca busca agregar en el nuevo Censo una pregunta sobre la ciudadanía de los encuestados, adicionalmente documentos oficiales sugieren que el gobierno buscaría usar esa información para arrestar inmigrantes.
En una ley de el Congreso consagró la confidencialidad como parte fundamental del Censo. Cada hogar en el país es encuestado cada 10 años, y los legisladores quieren que la gente llene los formularios con honestidad, ya que hay mucho en juego, desde la distribución de puestos en el Congreso hasta la asignación de fondos federales.

El gobierno se vio obligado a entregar documentos el , como parte del proceso de investigación en una de las seis demandas pendientes contra de la adición de una pregunta de ciudadanía en el formulario del Censo del 2020. Un correo electrónico revela discusiones privadas entre las personas designadas por el presidente Trump en el Departamento de Justicia sobre la posibilidad de compartir información del próximo Censo con las autoridades, lo que podría ayudar al gobierno a arrestar inmigrantes indocumentados.

Con el solo hecho de sugerir que la confidencialidad de las respuestas del Censo no está garantizada, la Administración Trump y el Departamento de Justicia ponen en grave peligro el éxito de nuestro próximo decenio y plantean aún más preguntas sobre las motivaciones políticas detrás de la adición de una pregunta sobre la ciudadanía, dijo Arturo Vargas, Director Ejecutivo del Fondo Educativo de la Asociación Nacional de Funcionarios Latinos Electos (NALEO).

Diego Barahona A.

Periodista, editor, asesor, y presentador. De 2016 a 2019 el periodista más galardonado en Estados Unidos por los Premios José Martí. Autor del best seller: ¿Cómo leer a las personas? dbarahona@lanoticia.com

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