Cientos de miles de tepesianos celebraron la decisión de Edward Chen, juez federal de distrito de San Francisco, California, quien la noche del ordenó de manera preliminar al gobierno que no continúe con su plan de cancelar el programa del Estatus de Protección Temporal (TPS), el cual protege de la deportación a cerca de 300,000 inmigrantes de varios países, entre ellos: El Salvador, y Nicaragua.

Entre los argumentos que citó el juez Chen en la orden, se destaca que terminar el TPS afectaría irreparablemente a cientos de miles de beneficiarios y a sus familias. El magistrado además señala que existe el indicio de que sea una motivación racial la que influyó al gobierno federal para acabar con el TPS. Chen agrega que eliminar este programa causaría estragos en las economías locales. Finalmente concluye que la eliminación del TPS puede socavar la estabilidad de los países afectados, y por tanto, perjudicaría nuestros intereses en política exterior.

Con esta orden, la administración del presidente Donald Trump debe suspender temporalmente su plan de eliminar el TPS, lo cual estaba programado que ocurriese en el 2019.

Originalmente el TPS fue implementado en Estados Unidos como una medida humanitaria de emergencia para inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles, desastres naturales, u otras circunstancias extraordinarias. Entre los beneficiarios están 190,000 salvadoreños a nivel nacional.

Los beneficiarios normalmente recibieron protección de la deportación y un permiso de trabajo que deben renovar siguiendo ciertos requisitos, entre ellos no tener antecedentes delictivos.

Un reporte elaborado por el Centro de Estudios Migratorios (CMS) calculó que más de la mitad de los salvadoreños beneficiarios del TPS han vivido en Estados Unidos durante 20 años o más. Estos inmigrantes trabajan, pagan impuestos, tienen casas, son dueños de negocios, tienen hijos estadounidenses, son un aporte significativo en nuestras comunidades. ¿Quién se beneficia con su deportación? Si alguien ha vivido por más de dos décadas en un lugar, ha echado raíces y pagado miles de dólares en impuestos, no se lo puede considerar temporal.

Carolina del Norte ocupa el noveno lugar en todo el país con cerca de 13,000 centroamericanos amparados con el TPS, según CMS.

De acuerdo con el Centro para el Progreso Americano (CAP) los tepesianos que viven en Carolina del Norte aportan más de $570 millones al Producto Interno Bruto (PIB) estatal, dinero que podría perderse en un plazo de diez años si el gobierno no renueva este amparo migratorio.

Para analistas, la orden del juez Chen sería el principio de una batalla legal que puede tomar varios meses, y que eventualmente llegue a la Corte Suprema, tema que ahora se torna más incierto para los inmigrantes. De allíla importancia de buscar una solución permanente en el Congreso. Tenemos una vital tarea en relación a este tema, en las elecciones del 6 de noviembre apoye a candidatos que no impulsen una agenda antiinmigrante, sino que piensen en el bienestar de todos, buscando un camino para la legalización de los tepesianos.

Diego Barahona A.

Periodista, editor, asesor, y presentador. De 2016 a 2019 el periodista más galardonado en Estados Unidos por los Premios José Martí. Autor del best seller: ¿Cómo leer a las personas? dbarahona@lanoticia.com

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