Todavía es frecuente escuchar a ciertas personas comentar como un hecho irrefutable que los inmigrantes indocumentados abusan del sistema, que a manera de parásitos, consumen el dinero de los contribuyentes exprimiendo los servicios sociales. ¿Qué tan cierto es esto?

Vayamos por partes, primero cabe aclarar que los indocumentados, por más que intentasen, no pueden acceder a la mayoría de los programas de asistencia pública como: SNAP (conocido como estampillas de comida), Medicare o Medicaid. Los dos únicos programas a los cuales pueden acceder sin mayores restricciones son: el ingreso a la sala de emergencia de los hospitales, y las escuelas públicas.

En cuanto al acceso a la sala de emergencia de los hospitales, en realidad este es un tema de seguridad pública. Pues a todos nos conviene, por ejemplo, que una persona con una enfermedad contagiosa reciba atención médica oportuna, o en otros casos se puede tratar de asuntos de vida o muerte.

En relación al acceso a las escuelas públicas. De acuerdo con el fallo de la Corte Suprema en el caso Plyler v. Doe, todos los niños, sin importar su estatus migratorio, tienen acceso a una educación pública y son elegibles para asistir desde el kinder hasta el 12vo grado. Esto no se considera un programa de ayuda, se trata de un derecho humano básico.

Con esto aclarado, es importante destacar que múltiples estudios económicos coinciden en afirmar que tanto los inmigrantes documentados como los indocumentados pagan más de lo que consumen en programas sociales.

Según el Instituto de Impuestos y Política Económica, los inmigrantes indocumentados contribuyen con un estimado de 11.74 mil milliones a las economías estatales y locales cada año. Sin embargo, los indocumentados no son elegibles para muchos de los beneficios federales o estatales que sus dólares de impuestos ayudan a financiar.

Un reporte del National Immigration Forum demuestra que los inmigrantes legales que tienen acceso a los programas públicos federales, los usan en menor proporción que los nacidos en Estados Unidos.

Veamos el caso del programa SNAP (también conocido como estampillas de comida), en el año , el 32.5 de los ciudadanos adultos nacidos en Estados Unidos reciben este beneficio, en comparación con el 25.4 de los adultos ciudadanos naturalizados y el 29 de los adultos no ciudadanos.

Para ser justos, no podemos negar la existencia de inmigrantes que se las ingenian para abusar de estos programas, lo cual es totalmente reprochable y peligroso, pues puede acarrear serias consecuencias legales, sin embargo estas pérdidas a las arcas fiscales son migajas comparadas con el impacto económico generado por los verdaderos abusadores del sistema.

Según un estudio de Citizens for Tax Justice, gracias al uso de vacíos legales, muchas de las empresas más rentables de Estados Unidos pagaron pocos o casi ningún impuesto a la renta federal entre el y , es más, corporaciones como: General Electric, Pepco, o Duke Energy no solo que no pagaron casi nada del al , sino que algunas de ellas recibieron reembolsos de impuestos federales.

Esto no es ilegal, sin embargo es inmoral. Un estudio del Institute for Policy Studies asegura que muchos de los recortes de impuestos que reciben las grandes corporaciones son usados para aumentar los sueldos de altos ejecutivos, no en generar nuevos empleos. ¿Dónde está la indignación de quienes repudian el abuso al sistema?

Diego Barahona A.

Periodista, editor, asesor, y presentador. De 2016 a 2019 el periodista más galardonado en Estados Unidos por los Premios José Martí. Autor del best seller: ¿Cómo leer a las personas? dbarahona@lanoticia.com

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