Cualquier estrategia de control del COVID-19 requiere que toda la población siga las normas de distanciamiento social, o que reporte a su médico si está enfermo. Sin embargo esto se vuelve un reto para los indocumentados, quienes al igual que todos deben trabajar para sostener a sus familias, pero no puede beneficiarse de programas de ayuda federal, tampoco cuenta con un seguro de salud, ni pueden recibir fondos del seguro de desempleo estatal. ¿Cómo podemos pedirles que se queden en casa y mueran de hambre?

Dice el viejo refrán: una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. ¿De qué sirve crear planes de distanciamiento social, ayuda económica, o de salud, si no consideramos a todas las personas que viven en Estados Unidos? Para frenar el avance del COVID-19 necesitamos involucrar a todos los sectores sociales y esto evidentemente debe incluir a los 11 millones de inmigrantes indocumentados que viven en el país.

Un cuidado integral de este grupo vulnerable está en el mejor interés de todos, pero tristemente esto cuenta con múltiples obstáculos políticos.

El gobierno federal aprobó la llamada Ley CARES, el mayor paquete financiero de la historia de Estados Unidos, que busca aliviar la crisis económica del país a causa de la pandemia del COVID-19. Esta ley ofrece apoyo a personas, empresas y gobiernos locales, además amplía un fondo de seguro de desempleo. Una disposición muy esperada de la ley son cheques que se enviarán a la mayoría de los estadounidenses.

Pese a que está comprobado que muchos indocumentados pagan impuestos, este grupo no recibirá los beneficios de la Ley CARES.

El Servicio de Inmigración y Ciudadanía (USCIS) anunció que todos los inmigrantes con síntomas que se asemejan al COVID-19 (fiebre, tos, falta de aliento), que busquen tratamiento médico o servicios preventivos necesarios, no se verán afectados negativamente como parte de la política conocida como carga pública.

Esto no es suficiente, pues sigue en marcha el resto de esta política, la cual fue diseñada para poner trabas a inmigrantes de escasos recursos que están tratando de obtener una residencia legal permanente (green card), si es que hacen uso de programas de ayuda pública como cupones para alimentos y cupones para vivienda.

Carolina del Norte ha respondido con ciertos alivios temporales, como la prohibición de que se suspendan servicios básicos a quienes no puedan pagar, igualmente las escuelas están distribuyendo comida a sus alumnos, sin embargo queda mucho por hacer, especialmente si comparamos esto con programas implementados en otros estados como California o Nueva York.

El Portugal entregó de forma temporal (hasta ) todos los derechos de ciudadanía a los inmigrantes y solicitantes de asilo que viven dentro de su territorio, cediéndoles con esto acceso total a tratamientos médicos en caso de contagio de COVID-19. Portugal sabe que su plan para frenar al coronavirus debe incluir a todos los sectores de la sociedad para que sea exitoso.

En Estados Unidos, la nación más rica del planeta, los inmigrantes son actores esenciales para la lucha, la respuesta y la recuperación que enfrentaremos en los próximos meses. Nos guste o no, los inmigrantes indocumentados son imprescindibles en múltiples sectores esenciales de la economía: en las fábricas, en las cosechas, en las procesadoras de alimentos, en la construcción, limpiando casas, cuidando niños y ancianos. ¿Habremos de dejarlos solos ahora que los necesitamos más que nunca?

Diego Barahona A.

Periodista, editor, asesor, y presentador. De 2016 a 2019 el periodista más galardonado en Estados Unidos por los Premios José Martí. Autor del best seller: ¿Cómo leer a las personas? dbarahona@lanoticia.com

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