Raleigh- Con una votación de 6 a 5, fue aprobado la tarde del 14 de marzo en el Comité Judicial II de la Cámara de Representantes estatal, el proyecto de ley HB 63, “Ley de protección ciudadana 2017”.

La medida pasó al Comité de Finanzas y de ser aprobado allí irá al de Apropiaciones, antes pasar al pleno de la Cámara Baja para su ratificación final y ser enviada al Senado.

Dificulta fianza

La medida legislativa busca, entre otras cosas, “crear una presunción refutable” para la obtención de una fianza por parte de los indocumentados arrestados que cometan delitos relacionados con ciertas ofensas de tránsito, como manejar bajo la influencia del alcohol (DWI), crímenes violentos o relacionados con drogas. En otras palabras, la ley busca limitar la capacidad de un juez para decidir si una persona merece o no salir bajo fianza.

Igualmente hace prácticamente imposible que un indocumentado quede en libertad si cometió “cualquier ofensa” e inmigración haya emitió una petición de detención en su contra o haya indicado que lo hará.

La HB 63 también permite que sea presentada en una corte estatal evidencia acerca de la condición migratoria de una persona.

Castigos a ciudades “santuario”

La HB 63 pretende castigar a los condados, ciudades poblaciones y agencias del orden del estado o locales que incumplan con la ley HB 318, que prohibe las ciudades denominadas “santuario”, aunque estas en la actualidad no existen en Carolina del Norte.

La medida también ordena a la Fiscalía General que reciba e investigue las quejas de cualquiera que alegue que los gobiernos locales están violando la ley HB 318.

La medida además endurecería las penalidades para quienes porten, fabriquen o vendan documentos falsificados o de otra persona.

La propuesta de ley fue debatida en un comité durante dos reuniones donde se añadieron algunas modificaciones relacionadas con la pérdida de ingresos para los municipios, ciudades o agencias del orden que violen la ley HB 318, incluidos los fondos destinados para la construcción de carreteras. Lo que se suma a la retención de los impuestos locales recaudados por el estado sobre las bebidas alcohólicas, el gas natural y las telecomunicaciones.

Aunque sin un impacto fiscal definitivo estimado, los legisladores consideraron que la medida podría generar un gasto entre los $52,970 y $190,899 por año de aplicación, según la nota fiscal añadida al proyecto.

Entregan cartas

Al terminar el encuentro miembros de la comunidad se acercaron al legislador Harry Warren, para entregarle una petición firmada por más de 1,000 inmigrantes que manifestaron estar en contra del HB 63.

Increpado por Iliana Santillán, organizadora comunitaria de El Pueblo acerca de los motivos para presentar esta propuesta (ya que en el pasado él había trabajado para que se aprobara un permiso de conducir para los indocumentados), Warren dijo que la sesión legislativa aún no terminaba y “cualquier otra cosa puede pasar”.

Paola Jaramillo

Comunicadora Social y Periodista colombiana con más de dos décadas de experiencia en producción de televisión, comunicación organizacional y medios impresos. Su trabajo como editora y reportera ha...

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