El gran argumento (acaso el único) que ofrecen los políticos antiinmigrantes para eliminar el Estatus de Protección Temporal (TPS) es de carácter semántico: como es “temporal” debe expirar, dicen. En la realidad, una persona que vive, contribuye y echa raíces en un lugar por más de dos décadas, deja de ser “temporal”.
Originalmente el TPS fue implementado en Estados Unidos como una medida humanitaria de emergencia para inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles, desastres naturales, u otras circunstancias extraordinarias. Entre los beneficiarios están 60,000 hondureños y 190,000 salvadoreños a nivel nacional.
Los beneficiarios normalmente recibieron protección de la deportación y un permiso de trabajo que deben renovar siguiendo los requisitos del gobierno, entre ellos, no tener antecedentes delictivos.
Hasta el año pasado Estados Unidos estableció el TPS para 13 países, pero para mediados de noviembre, bajo la administración de Donald Trump, se ha cancelado el TPS para Sudán, Nicaragua y Haití. El futuro de los restantes tepesianos pende de un hilo.
Un reporte elaborado por el Centro para Estudios de Migración calculó que más de la mitad de los salvadoreños y hondureños beneficiarios del TPS han vivido en Estados Unidos durante 20 años o más. ¿Se le puede llamar a esto “temporal”?
Estos inmigrantes trabajan, pagan impuestos, tienen casas, son dueños de negocios, tienen hijos estadounidenses, son un aporte significativo en nuestras comunidades. ¿Quién se beneficia con su deportación?
De acuerdo con el Centro para el Progreso Americano (CAP), los tepesianos que viven en Carolina del Norte aportan más de $570 millones al Producto Interno Bruto (PIB) estatal, dinero que podría perderse en un plazo de diez años si el gobierno no renueva este amparo migratorio para unos 5,900 salvadoreños y unos 6,200 hondureños con TPS que viven en nuestras comunidades.
Algunos mal informados invocan el viejo mito de que los tepesianos quitan el trabajo a los estadounidenses, pero solo basta mirar las cifras oficiales para darse cuenta de que el índice de desempleo está en uno de los puntos más bajos de las últimas dos décadas.
Países como Honduras, El Salvador, o Haití no ofrecen las condiciones ideales para recibir a miles de inmigrantes. La situación de seguridad, delincuencia y pandillas puede poner en riesgo la vida de decenas de miles de familias.
El diccionario define a la palabra “leguleyada” como una maniobra o recurso fraudulento con apariencia de legalidad. Así es el lánguido argumento de que se elimina el TPS porque “es temporal”. En su lugar se debería impulsar un proyecto para legalizar a estos inmigrantes que desde hace muchos años hicieron de Estado Unidos su hogar.
¿A quién le beneficia la separación de familias? ¿Qué ganamos con la deportación de estos inmigrantes? ¿De qué manera el país será más seguro y próspero con la expulsión de estos trabajadores? Sólo un xenófobo o un nacionalista ultraradical puede justificar semejante crueldad sin argumentos reales.