Riesgos de ley antiinmigrante: miedo, desconfianza y no utilizar servicios básicos en Carolina del Norte

Avanza en el Senado de Carolina del Norte el Proyecto de Ley HB-10, considerado por activistas como antiinmigrante, y con él también las advertencias sobre los riesgos que implicaría para la comunidad latina, entre ellos: discriminación, segregación, desconfianza en las autoridades, ausentismo escolar y mayor impunidad en delitos cometidos en contra de los latinos, entre otros, advirtieron líderes locales.

Así lo dieron a conocer miembros del Consejo Asesor sobre Asuntos Latinos del Gobernador de Carolina del Norte, durante su primera reunión presencial en Charlotte. Esta se llevó a cabo el jueves 2 de mayo en las instalaciones del Central Piedmont Community College.

Advierten posible ola de miedo en las calles

El Proyecto de Ley HB-10 obligaría a las autoridades locales a cooperar con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), algo que, para el Consejo, aumentaría el miedo de los inmigrantes hacia las autoridades.

“La HB-10 perjudicaría de muchas maneras a nuestra comunidad y no solamente señalando el impacto económico, sino también emocional. Esto se verá cuando los padres de familia empiecen a pensarlo dos veces antes de llevar a sus hijos al doctor, o para recogerlos ellos mismos en la escuela. Eso es una desgracia y un niño y una familia no pueden seguir una vida así”, indicó Iliana Santillán, quien lidera el Comité de Política y Legislación del Consejo.

Añadió: “La HB-10 es una desgracia, un desastre y una catástrofe para el estado que para muchos es nuestro hogar… Lo vemos cuando un niño entra a un autobús, ve a un policía y lo primero que le viene a la mente es ‘se van a llevar a mi papá’. No queremos una Carolina del Norte así”.

Además, miembros del Consejo advierte que una de las principales consecuencias de este proyecto es que impondría “miedo en todos los ámbitos”, como en los salones de clase, el trabajo, la vía pública, al utilizar medios de transportes, ir a centro de salud u oficinas públicas e incluso en el acceso al poder judicial.

“Siento que esto no solo crea miedo, sino que crea mucha incertidumbre para aquellas personas que simplemente están tratando de ir a trabajar… parecería que no estamos dando la bienvenida a nuestra comunidad de inmigrantes refugiados, entonces se van a otros estados y se van a llevar su cultura y la posibilidad de contribuir a la economía de aquí”, añadió Carolina Jiménez Fonseca.

Es dañino para la seguridad, “la gente no va a denunciar con la policía”

En materia de seguridad, Javiera Caballero, quien también es la primera latina en formar parte del Concejo de Durham, hizo referencia al impacto negativo que este proyecto tendría en la seguridad de la comunidad inmigrante. Advierte que muchos se abstendrán de denunciar a sus agresores o declarar como testigos, por temor a ser ellos quienes terminen identificados por las autoridades, detenidos y enfrentando un proceso de deportación.

“Estas es una de las cosas más dañinas que se le pueden hacer a la seguridad… Ya tenemos ese problema en nuestra comunidad. En Durham hemos tenido que hacer mucho para que la gente participe (acuda a las autoridades), tenemos uno de los mejores programas de Visa U del estado y todavía luchamos para que la gente lo utilice. Entonces afectará a todos, no importa si eres rural o urbano, cualquiera que sea tu demografía. La gente no va a denunciar con la policía o el departamento del alguacil si sienten que su propia seguridad va a ser impactada”, comentó.

Tunya Smith, quien forma parte del comité encargado de la seguridad pública y la recuperación ante desastre, añadió:

“Vemos el desafío de lograr que la gente que evacue vaya a refugios, porque tienen mucho miedo de encontrarse con la policía en los refugios. Y esto va a retroceder en el aspecto de la confianza”

Otro aspecto punitivo, a juicio del consejo, es la ley es la inexistencia de Centros de Detención de Inmigración en Carolina del Norte. 

“Cuando las personas son retiradas de la custodia estatal y puestas bajo custodia federal fuera del estado, por lo general, el fiscal del distrito no continúa y no hay ningún proceso judicial. Así que ciertamente las personas no tienen la oportunidad de tener un juicio justo o una oportunidad justa ante un juez”, indicó Stefanía Arteaga.  

“Embarazadas van a dejar de atenderse porque temen ser deportadas en el camino”

Por su parte, Yazmin García Rico, directora de Política y Estrategia Latina en el Departamento de Salud y Servicios Humanos de Carolina del Norte hizo referencia al impacto que tendría en la salud física y emocional que tendría el Proyecto de Ley HB-10.

“Soy indocumentada y entiendo la frustración de cuando sientes que tu voz no es escuchada, mientras pasan cosas en la legislación que te afectan directamente… es importante que las instituciones estén listas para lo que se viene, porque habrá miedo de que un ser querido desaparezca de un día para otro, entonces lo que será difícil lo que se viene a nivel de salud mental y de las escuelas, los quiebres de los niños, la presencia en sus salones, las embarazadas van a dejar de atenderse porque temen ser deportadas en el camino, es algo que no es inventado, sabemos lo que es eso. Entonces van a seguir existiendo servicios, pero por miedo la comunidad se va a negar a utilizarlos”, indicó.

Subcomité contra la Ley HB-10

Al cierre de las disertaciones sobre las razones por las cuales el Proyecto de Ley HB-10 debe ser detenido, el Consejo Asesor sobre Asuntos Latinos del Gobernador de Carolina del Norte creó un subcomité encargado de dirigir una carta, el martes 7 de mayo, al gobernador Roy Cooper sobre su rechazo a la propuesta.

“Es la primera vez que estamos en esta posición en la que está casi garantizado que enfrentaremos una nueva realidad en la segunda mitad de este año y avanzaremos en el futuro donde cada condado en Carolina del Norte tendrá que colaborar con ICE como nunca antes lo había hecho, por ese es una conversación que queremos tener hoy”, indicó el presidente del Consejo, Ricky Hurtado, haciendo referencia a la celeridad con la cual debe ser redactada y enviada el documento.