Como cada año electoral, mucho más cuando se elige presidente, los legisladores estatales ultraconservadores, en lugar de buscar soluciones para los apremiantes problemas que agobian a la comunidad, decidieron seguir los lineamientos propagandísticos partidistas, y empujar la distante idea de que la crisis humanitaria en la frontera también afecta a Carolina del Norte. La diferencia es que ahora existe la amenaza real de que se apruebe una ley antiinmigrante.
A finales de enero, cerca 70 legisladores y líderes republicanos, encabezados por el presidente de la Casa de Representantes estatal, Tim Moore, emitieron una carta pidiendo al gobernador, Roy Cooper, que emita una ley para que las agencias policiales de todo Carolina del Norte cooperen con el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).
Esta ley busca, en la práctica, que los agentes locales ejerzan labores migratorias, al estilo del polémico programa de deportación 287(g). Esta legislación ya se intentó aprobar varias veces en el pasado y fracasó, ¿por qué la insistencia?
Historia de un proyecto antiinmigrante fallido
En el año 2006, la Administración de George W. Bush experimentó con un memorando de entendimiento entre las autoridades migratorias y las oficinas locales de la policía y los alguaciles, bajo la sección 287(g). Con esto la inmigración, que constitucionalmente es un tema que solo le compete al gobierno federal, pasó a manos de agencias locales.
El resultado fue un desastre. Los oficiales comenzaron a arrestar a inmigrantes por faltas absurdas como una luz rota en el vehículo o no respetar una señal de alto. Eran llevados a la cárcel y luego deportados. Un inmigrante salía al trabajo por la mañana, pero no sabía si por la tarde regresaría a casa.
Te puede interesar: Arrestos y deportaciones son posibles según nueva ley antiinmigrante
Con el paso de los años, múltiples estudios académicos demostraron que asignar tareas migratorias a agencias policiales genera una irreparable desconfianza entre la comunidad y las autoridades. Esto hizo que los inmigrantes dejen de reportar delitos de los que eran víctimas, beneficiando en última instancia a los verdaderos criminares.
En el 2018 y 2019, los principales condados de Carolina del Norte eligieron a alguaciles que pusieron fin a estas colaboraciones, entre ICE y las agencias policiales locales.
Desde ese entonces, los legisladores ultraconservadores, en un claro estado de negación, han intentado sin éxito, sin justificación y sin respaldo legal, aprobar leyes migratorias que no les compete, el tema migratorio legalmente debe ser abordado a nivel federal, no local.
Ley antiinmigrante: Una amenaza real
En julio del 2022, el gobernador de Carolina del Norte, Roy Cooper, vetó un proyecto de ley antiinmigrante similar, la SB-101, que buscaba obligar a los departamentos de policía, del alguacil y las cárceles del estado, a entregar información sobre ciertos detenidos a las autoridades de inmigración.
“Esta ley solo se trata de ganar puntos políticos y usar el miedo para dividir a los habitantes de Carolina del Norte... Sé que la ley actual ya permite que el estado encarcele y procese a criminales peligrosos; independientemente de su estatus migratorio”, aseguró Cooper al vetar la SB-101, a la cual catalogó como “inconstitucional”.
Pese a que Cooper no apoya estas leyes antiinmigrantes, hoy los legisladores republicanos en la Asamblea General tienen los votos para superar el voto del gobernador, por lo que existe la real posibilidad de que esta maniobra, claramente electoral, se convierta en realidad, tal como ha sucedido en estados como Florida y Texas.
Los votantes debemos exigir a nuestros representantes que se pongan a trabajar por el bien del estado y, que dejen de usar sus cargos públicos en su macabro intento por expandir el miedo sin sentido entre la comunidad inmigrante, a cambio de votos ultraconservadores.