Dos nuevos proyectos de ley, considerados por activistas como antiinmigrantes, fueron presentados por la Asamblea Legislativa de Carolina del Norte, en la segunda semana de febrero. Uno de ellos busca imponer un cargo adicional a las remesas que envían los inmigrantes.
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Impuestos extra a las remesas
El proyecto de ley de la Casa de Representantes HB-64 busca establecer un cobro adicional sobre las remesas que se envían al extranjero desde Carolina del Norte.
“Se impone un cargo a todas las transferencias internacionales de dinero que se originen en este Estado. El cargo es del cuatro por ciento (4 %) del monto de la transferencia bancaria internacional. Esta tarifa es adicional a todos los demás impuestos”, dice el documento.
De esta manera, si un inmigrante envía $2,000, además de los cargos por el envío del dinero, se le agregará una tarifa de $80 con el nuevo impuesto, si este proyecto llegara a convertirse en ley.
“Este proyecto tendría un impacto devastador en miles de familias y comunidades que dependen de las remesas para mantener a sus seres queridos”, aseguró Antelmo Salazar, presidente de la organización El Colectivo NC.
La HB-64 fue presentada por tres legisladores republicanos, encabezados por el representante George Cleveland, conocido por promover propuestas antiinmigrantes en Carolina del Norte.
Quieren que gremios se conviertan en agencias migratorias
Otro proyecto de ley, el HB-63 también presentado por el legislador Cleveland, busca que las agencias estatales que emiten licencias ocupacionales profesionales o certificados verifiquen el estatus migratorio de los solicitantes.
Esto incluye a agencias que entregan certificados a: masajistas, maquilladores, inspectores de construcción (electricidad, plomería, calefacción, paisajismo o landscape, etc.), consejeros, entre otros.
“Todas las agencias estatales, las juntas de certificaciones de agencias estatales y las juntas de licencias ocupacionales deberán celebrar un memorando de acuerdo o un acuerdo de comparación (de datos personales) por computadora, con el Departamento de Seguridad Nacional (DHS)”, señala la propuesta.
La idea es obligar a estas entidades a usar el Programa Systematic Alien Verification for Entitlements (SAVE) y verificar el estatus migratorio de los solicitantes.
“Este proyecto de ley es discriminatorio y dañino. Evitaría que muchas personas talentosas y trabajadoras siguieran las carreras que eligieron y contribuyeran a sus comunidades", agregó El Colectivo NC.
"Además, HB-63 tendría un impacto desproporcionado en las comunidades de color e inmigrantes, que ya se enfrentan importantes obstáculos para acceder a oportunidades profesionales”, mencionaron.
En enero se presentó un proyecto de ley que busca obligar a las autoridades locales a colaborar con agencias migratorias. Un proyecto similar fue vetado por el gobernador, Roy Cooper, quien es demócrata.
Para que estos proyectos se conviertan en ley, deben ser aprobados por el pleno de la Casa de Representantes, el Senado estatal y luego ser firmados por el gobernador.
