Edward Chen, juez federal de distrito de San Francisco, California, emitió la noche del una orden judicial preliminar que impide que el gobierno cancelar el programa del Estatus de Protección Temporal (TPS), lo cual protege de la deportación a cerca de 300,000 inmigrantes de países como El Salvador y Nicaragua.

Con esta orden, la administración del presidente Donald Trump debe suspender temporalmente su plan de eliminar el TPS, lo cual estaba programado que ocurriese en el 2019.

Las razones

Entre los argumentos que citó el juez Chen en la orden, se destaca que terminar el TPS afectaría irreparablemente a cientos de miles de beneficiarios y a sus familias. El magistrado además señala que existe el indicio de que sea una motivación racial la que influyó al gobierno federal para acabar con el TPS. Chen agrega que eliminar este programa causaría estragos en las economía locales y nacional. Finalmente concluye que la eliminación del TPS puede socavar la estabilidad de los países afectados, y por tanto, perjudicaría nuestros intereses en política exterior.

Honduras y Nepal no fueron incluidos en este fallo porque la cancelación de su TPS surgió luego de la presentación de la demanda fue entablada.

La demanda

Originalmente La demanda fue presentada el en el tribunal federal de San Francisco por la Unión Americana de Libertades Civiles (ACLU) y la Red Nacional de Jornaleros (NDLON).

Carolina del Norte ocupa el noveno lugar en todo el país con cerca de 13,000 centroamericanos amparados con el TPS, según un reporte del Centro de Estudios Migratorios (CMS) de Nueva York.

¿Qué es el TPS?

Es un beneficio temporal que otorga Estados Unidos a inmigrantes indocumentados que no pueden regresar a sus países debido a conflictos civiles, desastres naturales, u otras circunstancias extraordinarias.

Los beneficiarios normalmente reciben protección de la deportación y un permiso de trabajo temporal, que deben renovar siguiendo los requisitos del gobierno.

Qué sigue?

Para analistas, este sería el principio de una batalla legal que puede tomar varios meses, sin embargo señalan la importancia de buscar una solución permanente.

Eventualmente el gobierno someterá este caso a la Corte Suprema, y ya no tenemos confianza en que este organismo tomará una decisión justa e imparcial. Más allá del indulto temporal provisto por los tribunales inferiores, la única solución real está en el Congreso. También seamos claros sobre lo que está en juego en las próximas elecciones. A menos que los demócratas ganen la mayoría en al menos la Cámara de Representantes, no habrá ningún alivio legislativo, señaló Frank Sharry, Director Ejecutivo de America’s Voice.

Diego Barahona A.

Periodista, editor, asesor, y presentador. De 2016 a 2019 el periodista más galardonado en Estados Unidos por los Premios José Martí. Autor del best seller: ¿Cómo leer a las personas? dbarahona@lanoticia.com

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