En la medida en que van pasando los días, adquirimos nuevos elementos para evaluar el avance del COVID-19 y el impacto que tendrá en nuestras sociedades. En América Latina, la pobreza, la desigualdad y el desplazamiento impactarán de manera diferenciada en las personas más vulnerables, incluyendo a quienes viven en situación de calle. El acceso a información sobre las medidas de salud y a agua potable no están disponibles para todas las personas, y ambos elementos son vitales para prevenir el contagio del virus.

La intersección de las la crisis de salud con lo económico, ofrece una oportunidad para construir formas más justas, equitativas y sustentables de vida a través de políticas públicas que prioricen a las personas y no a los intereses corporativos.

Libertad para los inmigrantes en la cárcel

Las medidas que adoptan los Estados para contener la pandemia conllevan riesgos importantes en materia de derechos, como lo indicó Human Rights Watch. Para las personas privadas de libertad, el riesgo de contagio es muy alto.

Las condiciones de confinamiento y hacinamiento representan un riesgo importante, que debe minimizarse. A la par con la consideración de medidas para indultar y poner en libertad a personas privadas de libertad, por motivos penales, deben ponerse en libertad a las personas detenidas por razones migratorias.

Las deportaciones deben detenerse

Pese al cierre de fronteras, a Centroamérica y México continúan llegando personas deportadas por vía área y terrestre, y algunas de ellas han resultado positivas al COVID-19. Resulta inexplicable que las deportaciones continúen, poniendo en riesgo a toda la población deportada, a las autoridades que las reciben y a las familias que los acogen.

Las deportaciones deben detenerse. A la par, el cierre de fronteras está incluyendo la suspensión del asilo y la devolución de solicitantes de asilo, una violación flagrante de derechos humanos y del derecho internacional de los refugiados.

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