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El costoso precio de la inacción política

Julio 04
18:09 2016

Tras la decepcionante votación de la Corte Suprema de Justicia, la cual no se pudo poner de acuerdo sobre la legalidad de las acciones ejecutivas migratorias del presidente Barack Obama, cerca de cinco millones de inmigrantes indocumentados quienes su hubiesen beneficiado de las mismas, quedan nuevamente en las sombras. Este voto de cuatro votos a favor y cuatro en contra, es otra muestra de las terribles consecuencias de vivir en un país ideológicamente polarizado.
Tras múltiples intentos en la última década, el Congreso no tuvo la voluntad política de aprobar una reforma migratoria. Solo por citar unos pocos ejemplos: Entre 2004 y 2007 el entonces presidente George Bush trata reiteradas veces reformar el sistema migratorio, pero nunca pudo obtener el apoyo de la mayoría de los legisladores de su partido, ni de los demócratas.
Obama gana la presidencia en 2008 con la promesa de que impulsaría una reforma migratoria, y pese a que hasta el 2010 tuvo un Congreso con mayoría demócrata, la reforma migratoria nunca llegó, se dio prioridad a la reforma de salud o Ley del Cuidado Accesible de la Salud (ACA).
Con la llegada de ACA los legisladores republicanos radicalizan su oposición a prácticamente todo lo que venga de Obama, y capitalizan esta abierta división en las siguientes elecciones. Los republicanos retoman la Casa de Representantes en el 2010 y luego el Senado en las elecciones del 2014.
Esta oposición radical (y en muchos casos irracional) condenaría el futuro de la reforma migratoria y de muchas otras leyes que los legisladores simplemente no quisieron ni escuchar.
Ante la inacción del Congreso, en noviembre del 2014 Obama firma la ampliación de Programa de Acción Diferida para Llegados en la Infancia (DACA) y el Programa de Acción Diferida para Padres de Ciudadanos o Residentes (DAPA), desatando la furia republicana. Por ello 26 estados, en su mayoría gobernados por políticos republicanos y entre ellos Carolina del Norte, decidieron defender la inacción del Congreso y ese mismo año demandan al gobierno federal, lo que pocas semanas después resultaría en el bloqueo de las medidas por parte de un juez conservador en Texas, y de la Corte del Quinto Circuito de Apelaciones de Nueva Orleans.


La esperanza de millones de indocumentados quienes consideran a Estados Unidos como su hogar, en donde trabajan, tienen hijos y pagan impuestos, estaba en manos de la Corte Suprema. Pero el destino dio un giro a esta decisión tras la repentina muerte del juez Antonin Scalia en febrero pasado, de esta manera el máximo tribunal se quedaba con ocho miembros, es decir si un voto dirimente.
Obama nominó para ocupar su puesto al respetado fiscal Merrick Garland, pero los legisladores republicanos se negaron a someter a votación su nominación, asegurando que el nombramiento debería correr a cargo del próximo presidente, pese a que esta postura no tiene ninguna base legal.
El empate en los votos de la Corte Suprema sobre las acciones ejecutivas no tiene nada que ver con la constitucionalidad de las medidas, sino con la falta de un noveno juez que hubiera dirimido el fallo. Nuevamente la falta de voluntad del Congreso para hacer su trabajo trae dolorosas consecuencias para millones de inmigrantes que solo piden una oportunidad para salir de las sombras.

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Diego Barahona A.

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